De los nueve procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes que han tenido lugar en España desde 1985, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, el que acaba de anunciar esta semana el Gobierno de Pedro Sánchez será el más importante, así como uno de los más audaces.

Estamos ante una de las decisiones de mayor calado político tomada por este Gobierno en esta tortuosa legislatura, bien es cierto que empujado por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, apoyada por 900 entidades de un espectro ideológico muy amplio y avalada por cerca de 800.000 firmas, fue presentada para su tramitación y debate ante el Congreso de los Diputados en 2024. La iniciativa, que recibió el respaldo unánime de todos los grupos políticos salvo la ultraderecha de Vox, permanecía dormida desde entonces ante la debilidad política de la mayoría parlamentaria de izquierdas, por lo que finalmente, tras negociaciones directas entre el presidente Pedro Sánchez y líderes de Podemos, se desbloqueó, aunque con otro formato.

La aprobación se hace mediante acuerdo del Consejo de Ministros a través de un procedimiento administrativo urgente del proyecto de real decreto por el que se modifica el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de extranjería. Se trata así de eludir la tramitación parlamentaria de la ILP que, en el momento actual, sería un nuevo elemento de desgaste político para un Gobierno enormemente debilitado, dando a Podemos, uno de los socios de la mayoría de izquierda más conflictivos, una pieza con la que recuperar apoyos y, probablemente, poder recomponer las negociaciones de cara a una posible aprobación de los presupuestos. Más que estabilidad, se consigue continuidad a corto plazo en una legislatura en la que vamos de sobresalto en sobresalto.

Desde Podemos no han dejado de capitalizar la decisión y tratar de apropiarse del fruto de un trabajo único en la historia, a través de una implicación social inédita. Bien hubieran hecho sus dirigentes en reconocer el papel de la sociedad civil, en lugar de tratar de apropiarse de este esfuerzo.

De hecho, una de las instituciones que más implicación ha dado a esta iniciativa desde sus inicios ha sido la Iglesia Católica a través del grupo eclesial de apoyo a la ILP, formada por un amplio abanico de organizaciones religiosas, entre las que destacan la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Hasta el punto de que la propia Conferencia Episcopal emitió una nota de prensa celebrando el inicio de esta regulación extraordinaria, afirmando que es un “acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas inmigrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de su país”.

Efectivamente, este proceso extraordinario de regularización permitirá sacar de la marginalidad, la discriminación y la economía sumergida a una importante bolsa de extranjeros, muchos de los cuales trabajan en la clandestinidad y están inmersos en un limbo legal y social que favorece su exclusión y discriminación. Por lo anunciado, el proceso será el más favorable de todos los llevados a cabo, tanto por los requisitos como por los colectivos que podrán acogerse al mismo, si bien, para su buena gestión, será clave dotar de medios a las unidades que lo tramitarán y establecer buenos dispositivos de coordinación con las organizaciones que trabajan con inmigrantes e intervendrán en el proceso, algo que conozco de primera mano al haber participado directamente en cuatro de los procesos extraordinarios llevados a cabo.

Pero la aprobación de este proceso de regularización va a tener otras muchas derivadas importantes para el país. En momentos como los actuales, sacar de la clandestinidad a varios cientos de miles de extranjeros y facilitar su incorporación al mercado de trabajo formal tendrá un beneficio inmediato al impulsar la economía, como ya sucedió tras procesos anteriores y han estudiado a fondo diferentes instituciones. En un país en el que los trabajadores extranjeros ascienden ya a 3,58 millones, representando el 16% del total y aportando el 43% de los nuevos empleos creados, la contribución neta por cada inmigrante regularizado en cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF se situarían entre los 3.500 y los 4.000 euros por persona, según investigaciones independientes.

Pero, sobre todo, nos hará un país más decente y digno ante ese huracán de crueldad y barbarie contra los inmigrantes impulsado por las derechas y la extrema derecha global, como vemos en Estados Unidos y que Vox y el PP abanderan en España. De hecho, las declaraciones que sus dirigentes vienen haciendo demuestran que no van a detener su política de criminalización, persecución y estigmatización sobre unos inmigrantes que se han convertido en su estandarte electoral, sin dejar de difundir bulos y mentiras, como ha hecho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusando al Gobierno de buscar el voto de estos inmigrantes regularizados en las próximas elecciones, algo tan falso como imposible. Hasta el gobierno de ultraderecha italiano de Giorgia Meloni acaba de aprobar un decreto de flujos migratorios para regularizar a 500.000 inmigrantes desde 2026 a 2028.

Por ello, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez rompe con la deriva reaccionaria que a nivel europeo y mundial atravesamos, también en materia migratoria, teniendo implicaciones para nuestro futuro político, económico y social.

Pero al mismo tiempo, tiene que acompañarse de un plan de integración y ciudadanía, con acciones de intervención sobre los barrios y un reforzamiento de servicios públicos esenciales que, en algunos casos, llevan tiempo al límite de sus posibilidades. Solo así este ambicioso proceso de regulación tendrá el éxito que buena parte de la sociedad espera.