Desde que el diario INFORMACIÓN desvelara el escándalo en las 140 Viviendas de Protección Pública (VPP) en el edificio Les Naus, el 29 de enero, no se han dejado de publicar y revelar toda una catarata de irregularidades relacionadas con el proceso de gestión de estos pisos, los perfiles de los beneficiarios que han accedido a los mismos junto a la pasividad, cuando no irresponsabilidad, de las instituciones que deberían haber velado por el cumplimiento de los requisitos para este tipo de viviendas sometidas a un régimen jurídico específico así como el adecuado destino de unos hogares que tantas personas necesitan.

Resulta difícil mantener la serenidad y la calma al saber los detalles tan increíbles que se han ido conociendo al demostrar, negro sobre blanco, la desvergüenza con la que un grupo selecto de aprovechados se ha apropiado de estas viviendas, como si fueran un botín que les perteneciera y por el que no tenían que rendir cuentas. Recordemos que en las diferentes normativas aprobadas sobre Viviendas de Protección Pública (VPP) a precio reducido en la Comunitat Valenciana y el régimen jurídico que las regula se recoge expresamente el propósito de impulsar con ellas “la promoción pública de vivienda asequible en un momento de especial necesidad para las rentas medias y bajas”. Por el contrario, el edificio Les Naus, en Alicante, se ha convertido en una promoción de Viviendas Para Privilegiados (VPP).

Sin embargo, a medida que este caso se ha convertido en el mayor escándalo en viviendas de promoción pública en España ha tomado cuerpo un proceso que necesita de un análisis teórico más sosegado sobre sus causas, motivaciones e impactos en la sociedad alicantina y en sus instituciones, para extraer consecuencias.

Este escándalo representa la demostración palpable de la profunda corrosión moral, política e institucional en la que está instalado el Ayuntamiento de Alicante y su progresiva descomposición, por mucho que Barcala y su equipo se esfuercen en echar balones fuera y quitarse de en medio. Cuanto más insisten desde el equipo de gobierno del PP en lanzar a otros responsabilidades y afirmar que no tenían nada que ver, más demuestran la gigantesca irresponsabilidad en la política municipal de promoción de vivienda pública, en la gestión del patrimonio municipal y en exigir una escrupulosa defensa de los intereses públicos, evitando que una cuadrilla de espabilados cercanos al Ayuntamiento utilicen de manera privilegiada y ventajista su posición para hacerse con viviendas de promoción pública a un precio reducido.

Todo esto se llama corrupción, aunque no estamos ante la corrupción habitual a la que hemos asistido por estas tierras en la que un político y un empresario o constructor amañan contratos y negocios a cambio de comisiones. Asistimos a una nueva dimensión en las prácticas corruptas que extienden actuaciones y comportamientos irregulares e inmorales por una élite política, económica y profesional de la ciudad próxima al poder municipal. Hablamos de una corrupción capilar, impulsada por estos sectores privilegiados que tratan de acumular más patrimonio y privilegios, apropiándose de valiosos bienes públicos destinados a personas vulnerables con problemas, en este caso de acceso a una vivienda, utilizando para ello la maquinaria municipal e institucional, contando, al parecer, con políticos y altos funcionarios implicados en todo el ciclo de gestión de esta promoción de viviendas desde sus inicios.

Hablamos de élites políticas, económicas y profesionales amparadas en un poder municipal que utilizan a su antojo, facilitado por el modelo político impulsado por Barcala de descontrol y erosión sobre lo público para impulsar privilegios de grupos económicos y personas cercanas, eliminando mecanismos de control y participación ciudadana. Lo grave es que estos grupos privilegiados de la ciudad, políticos del PP, altos funcionarios, constructores, empresarios, cirujanos, notarios, ingenieros, dentistas, hosteleros, junto a sus familiares (suegros, hermanos y hermanas, maridos y mujeres, hijos) consideren que pueden actuar desde la impunidad de su posición y sus contactos para repartirse 140 viviendas que han sido posibles gracias a la enajenación del patrimonio municipal de suelo público, pervirtiendo hasta extremos inconcebibles toda la normativa legal, requisitos y exigencias para este tipo de viviendas.

De manera que hablamos de las famosas “élites extractivas”, identificadas por los economistas Daron Acemoğlu y James A. Robinson, que llevan al fracaso de las sociedades en las que estas minorías privilegiadas utilizan las instituciones para extraer de manera parasitaria rentas que pertenecen a la sociedad, dañando el interés común. Idéntico a lo sucedido en Les Naus, al despojar a la sociedad alicantina de nuestros recursos en lo que el geógrafo David Harvey denomina “acumulación por desposesión” por parte de estas élites alicantinas. Y lo peor de todo es que quienes deberían velar desde el Ayuntamiento y la Generalitat por evitar estas prácticas y defender el bien común, solo se preocupan por quitarse de en medio, alimentando así imaginarios de corrupción que normalizan el abuso de poder y una falta de ética tan asentada, como vemos, en sectores poderosos de la ciudad.

Y una última reflexión. Si tan contrariado está el alcalde Barcala por este escándalo, ¿por qué no anuncia que los 6,67 millones de euros procedentes de la venta del solar se van a destinar, íntegramente, a la construcción de viviendas sociales municipales en régimen de alquiler para las personas más vulnerables de la ciudad? Ya tarda.