Desde hace tiempo, España ocupa un lugar destacado entre los países de la Unión Europea con las tasas más altas de pobreza infantil. Este fenómeno no se corresponde con nuestra relevancia como país ni con otros muchos avances sociales conseguidos, siendo sus causas tan diversas como complejas.

No se trata, únicamente, de que la pobreza entre menores sea significativamente más alta que la del conjunto de la población (solo por detrás de Bulgaria, Rumanía y Grecia). Según los informes de análisis de políticas sociales publicados por la Comisión Europea, España está a la cola en indicadores compuestos como el abandono escolar, la tasa de riesgo de pobreza infantil, la situación de hogares con menores dependientes o las carencias materiales severas en niños, niñas y adolescentes. Todo ello se ve agravado en las familias monoparentales, a cargo de mujeres mayoritariamente, donde los niveles de pobreza aumentan y se agravan debido a la crisis de la vivienda, la escalada inflacionista y las continuas subidas en los precios de suministros básicos.

Para comprender el alcance de esta situación hay que considerar que el 8,6% de los menores en España sufren lo que se denomina carencia material severa, que se daría cuando estos no pueden acceder a cuatro de los nueve indicadores considerados como esenciales para tener una vida digna. De tal manera que unos 550.000 niños, niñas y adolescentes no pueden permitirse una comida con carne, pollo o pescado al menos dos días de la semana.

Vivir en estas condiciones precarias afecta al desarrollo de los menores y a su salud física y mental, generando problemas para una adecuada educación, causando daños en su bienestar emocional al tiempo que limitando sus expectativas de futuro. El resultado es un aumento del riesgo de exclusión social y vulnerabilidad.

El despliegue de importantes dispositivos sociales en los últimos años, como el Ingreso Mínimo Vital, ha tenido un decisivo impacto en la reducción de la pobreza en el conjunto de la población. Sin embargo, esto no ha ido acompañado de un descenso equivalente de la pobreza infantil, aunque en el último año se ha registrado un retroceso significativo, aunque manteniéndose aún en umbrales preocupantes. Esto evidencia la persistencia de la pobreza intergeneracional, un fenómeno que los especialistas asocian a la “curva del Gran Gatsby”. Esta curva demuestra cómo el nivel de ingresos y la desigualdad en el hogar durante la infancia condicionan la posición social futura de los menores, creando un vínculo estrecho entre las carencias tempranas y la falta de movilidad social. Una razón más para actuar decididamente contra la pobreza sobre los menores.

Entre las líneas de intervención que se han demostrado como altamente eficaces para impulsar la reducción directa de la pobreza infantil y mejorar su salud están las prestaciones económicas por crianza, algo que, si bien lleva años en marcha, diferentes investigaciones internacionales recientes han confirmado sus resultados altamente satisfactorios en períodos de tiempo muy cortos. Unicef lleva tiempo insistiendo en que las prestaciones incondicionales por hijo son una política fundamental para el desarrollo social infantil, especialmente en grupos vulnerables, al tener un impacto inmediato sobre la salud de menores y madres, actuando como inversión social para el futuro.

La confirmación ha venido de la mano de una importante investigación empírica realizada desde la Universidad de Michigan, en la que se analizó el impacto de estos programas financiados por los gobiernos, a nivel individual y comunitario, en 140 países, de manera escalonada en el tiempo. Los resultados de la investigación, publicados en la prestigiosa revista The Lancet, subrayan que los programas de prestaciones universales por hijo aumentan los ingresos en los hogares y reducen la inestabilidad en los recursos disponibles, teniendo una incidencia muy positiva en la salud, la mejora de la alimentación, la vivienda y las condiciones de vida de los menores y sus progenitores. Con ello, se reduce el estrés y la carga cognitiva de los cuidadores, permitiendo un mejor seguimiento médico y farmacéutico, facilitando un entorno más adecuado para mejorar los procesos educativos y de aprendizaje de los niños.

Las prestaciones económicas por hijo deberían ser prioritarias en las políticas de infancia, actuando como inversión sobre el futuro de los países. Además, estos programas universales o casi universales son sencillos de implementar, se basan en décadas de evidencia a nivel mundial y nacional, contando con un amplio impacto y apoyo público. De hecho, la OCDE instó a España a su implantación en el año 2022.

Son razones y argumentos de peso que apoyan la propuesta, impulsada por este Gobierno y pendiente de que sea acompañada de recursos en los nuevos Presupuestos Generales del Estado, de una prestación universal por crianza para avanzar en la reducción de la pobreza infantil en España, en línea con los países europeos que ya disponen de programas similares.

Y es que el futuro de esta humanidad tan convulsa está, también, íntimamente ligado al presente de quienes en la actualidad son niños, niñas y adolescentes. Por ello, una adecuada protección de su bienestar, la tutela de sus derechos y el impulso a su educación es también el camino para mejorar nuestras sociedades.