La era de la involución democrática ya está en marcha en toda España de la mano de unos acuerdos políticos entre el PP y Vox singulares en su contenido y significado, que blanquean la entrada de la extrema derecha reaccionaria, por la puerta grande, en numerosos gobiernos autonómicos y locales, como ha sucedido en la Comunitat Valenciana y en Elche. Mientras tanto, los máximos dirigentes de Podemos seguían repitiendo, una y otra vez, que lucharían por incluir a Irene Montero en las próximas listas electorales de Sumar, ajenos a la enorme preocupación extendida en muchos sectores por la generalización de gobiernos ultraderechistas, trumpistas y ultracatólicos, cuyos primeros gestos y anuncios dan buena cuenta de lo que se avecina: cuestión de prioridades.

Bien es cierto que, en otros lugares, dirigentes de Podemos han seguido luchando a pie de calle a favor de derechos sociales, como ha reconocido el TSJ de la Comunidad Valenciana, al rechazar la lamentable ordenanza de la vergüenza recurrida con esfuerzo por ese partido y que con empeño aprobó e impulsó el Partido Popular de Luis Barcala en Alicante, bandera y seña de su gobierno de derechas y de una concejala reaccionaria del PP, Julia Llopis, que ahora trabaja activamente al servicio de Vox. En Alicante podemos decir que sabemos lo que significa el gobierno de la ultraderecha porque durante el pasado mandato, una de las concejalas del equipo de gobierno impulsó desde sus áreas de Educación y Acción Social, una de las políticas reaccionarias más dañinas en concejalías fundamentales para la convivencia, con el apoyo del alcalde, Luis Barcala, dejándola hacer y deshacer a su antojo. Empezamos a ver ya las consecuencias de tanto fanatismo y tardaremos tiempo en recomponer los destrozos.

Como estamos viendo, los gobiernos de derecha extrema y ultraderecha que avanzan por todo el país están presentando su tarjeta de visita de confrontación y dogmatismo sin complejo alguno como vienen pregonando desde hace años, avanzando en lo que será un autoritarismo posdemocrático. La reivindicación indisimulada del franquismo, el odio furibundo a grupos y minorías, su activismo dogmático ultracatólico y nítidamente confesional, el ultraliberalismo económico ilimitado disfrazado de libertad, sus ataques a la Unión Europea y sus irracionales peticiones de eliminación de las Naciones Unidas y de sus actuaciones no son suficientes para que el PP, siquiera, haya valorado el impacto negativo para la convivencia democrática y para la UE de estos pactos. Posiblemente, porque como son hijos del mismo padre, ellos mismos también han jugado con todo ello.

Sin embargo, muchos se preguntan cómo va a defender el PP la salud democrática gobernando con quienes apuestan por dañarla y erosionarla de manera indisimulada, con los que piden el fin de gobiernos autonómicos en los que ellos mismos participan, con quienes exigen la expulsión masiva de inmigrantes, con los que reivindican el legado del dictador franquista, con aquellos que niegan la violencia de género que ha causado más mujeres muertas en las dos últimas décadas que ETA en todos sus años de terrorismo, con todos los que rechazan la existencia del cambio climático y desprecian el papel de la ciencia, alineándose a nivel internacional con peligrosos personajes como Steve Bannon, que están detrás de la toma del Congreso norteamericano y de grupos violentos organizados.

El dilema del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo no es, únicamente, saber si podrán gobernar tras las próximas elecciones de julio, sino si serán capaces de asumir el impacto que estos acuerdos con la ultraderecha reaccionaria puedan tener para la convivencia, para la higiene democrática y en nuestro reconocimiento internacional. Ahí tenemos el ejemplo de Polonia, Hungría e Italia que, como caballos de Troya, están dañando el proyecto europeo y trabajando por romper todo el camino recorrido con esfuerzo en las últimas décadas de paz, diálogo y estabilidad en Europa a costa de eliminar principios democráticos

Carlos Mazón se presentó a las elecciones con un lema: “El cambio que mereces”. A estas alturas, lo que está muy claro es que los valencianos merecemos mucho más respeto que esas 54 palabras recogidas en los cinco puntos del principio de acuerdo de gobierno firmado a principios de esta semana entre el PP y Vox, mal redactado y repleto de vaguedades, que parece un escrito de niños de Primaria. ¿Quiere Carlos Mazón agitar el avispero lingüístico, identitario, educativo y social que todos intuimos en esas torpes palabras del acuerdo, además del desbarajuste xenófobo, feminista y racista que impulsan sus socios de gobierno en esta comunidad?

Y qué decir de la puesta en escena del pacto de gobierno firmado en Elche por estas dos formaciones ultra y derechista, delante de una ermita y con el fondo de una cruz, que parecía un auto sacramental del Santo Oficio, sin olvidar las primeras declaraciones de la portavoz de Vox y futura concejala de Familia, afirmando, entre otras lindezas, que quería que los niños tengan una infancia “productiva”. Espero que no les pongan a trabajar en el calzado. Cuando el poder político democrático se somete a las creencias religiosas personales, se entra en momentos oscuros de enormes costes para la sociedad.

Estamos entrando en una época incierta que tiene que afrontar gigantescos desafíos, para los que se necesitará lo mejor de todos, especialmente de los responsables públicos.