A lo largo de todo el mundo, y también en España, se extiende un clamor a favor de repensar a fondo el modelo turístico de masas. Importantes ciudades turísticas están poniendo freno a la expansión de alquileres turísticos, como ha hecho Nueva York, limitando la apertura de nuevos hoteles para priorizar la calidad de vida de los habitantes en lugar de las ganancias privadas a corto plazo, como ha llevado a cabo Ámsterdam, o incluso aprobando una tasa a cada visitante que permanezca un solo día en su ciudad, como acaba de hacer Venecia.

Pero también en España crece por momentos una ola de malestar y descontento hacia un turismo masificado y descontrolado por el que están apostando numerosas ciudades y comunidades al erosionar la convivencia en los municipios, expulsando a sus vecinos al convertir las viviendas en productos turísticos especulativos, destruyendo el comercio tradicional, dañando lugares queridos y barrios tradicionales, mientras se pone en peligro la sostenibilidad y se destruyen los espacios vitales para vivir.

La masiva manifestación que tuvo lugar el pasado 20 de abril en Tenerife con el lema “Canarias tiene un límite”, en la que se pedía reducir el turismo de masas que está dañando el archipiélago, es un ejemplo que ha prendido en otros muchos lugares, como Mallorca, donde ya preparan otra manifestación similar. A su vez, numerosas asociaciones vecinales luchan en los tribunales para limitar el ruido de terrazas y establecimientos que impiden hasta conciliar el sueño, mientras en balcones de barrios en toda España azotados por la turistificación cuelgan pancartas pidiendo respeto, solicitando limitar el vandalismo o reclamando algo tan sencillo como poder dormir.

Las actividades turísticas vienen impulsando desde el siglo pasado profundas transformaciones en las sociedades receptoras a través de un aumento de su crecimiento económico y de la renta de la población, alimentando una alta generación de empleo y mejorando las infraestructuras, con notables cambios sociales y en las formas de vida. El desarrollo y el crecimiento económico de España está íntimamente ligado a la consolidación del turismo hasta colocarnos como segundo destino turístico en el mundo en 2023, con 85 millones de visitantes, representando el 12,8 % de la Renta Nacional Bruta, cerrando el cuarto trimestre del pasado año con 2,67 millones de ocupados en el sector. El turismo ha cambiado en profundidad el país y está siendo esencial en el impulso que España está teniendo tras la pandemia y con las sucesivas crisis que nos han azotado.

Ahora bien, este crecimiento expansivo no puede ocultar los impactos negativos de un modelo descontrolado y carente de reflexión por el que parece que se está apostando y que puede suponer pan para hoy pero hambre para mañana. Porque todas estas cifras positivas están acompañadas, a su vez, de otras repercusiones desfavorables que están dañando a numerosas ciudades y espacios naturales, afectando a la convivencia y extendiendo un modelo laboral altamente precarizado como base de una economía claramente extractiva y especulativa.

Nuestras ciudades se están transformando de manera acelerada al ponerse al servicio de las empresas turísticas y de sus fondos de inversión, a los que se entrega el espacio público, las viviendas y hasta el patrimonio cultural e histórico. Las infraestructuras básicas que requieren un importante gasto público no se piden para mejorar la vida de los vecinos en sus barrios, sino para aumentar el turismo y los visitantes, aunque sea un turismo de borrachera y ocasional. En la medida en que los ayuntamientos priorizan a los turistas, la vida de la ciudad y sus gentes se subordina a las necesidades y al consumo de estos. La convivencia entre turistas y vecinos en las zonas saturadas resulta cada vez más difícil, hasta el punto de que el turismo echa a muchos de los vecinos tradicionales, bien porque no pueden vivir con tranquilidad o sencillamente porque son expulsados de sus casas al ser compradas por fondos especulativos para alojamientos turísticos, alimentando la subida de precios del alquiler y hasta la escasez de viviendas. El comercio tradicional en los barrios invadidos por el turismo desaparece, siendo sustituido por locales de restauración o de ocio despersonalizados que atraen a más y más turistas. Y por supuesto, tampoco podemos ignorar que el sector turístico en general presenta elevados niveles de trabajo informal y precariedad, con muy bajos salarios y procesos de explotación laboral muy llamativos fuertemente incrustados, como sucede con las “Kellys” o camareras de piso. Por último, en plena crisis climática, no se pueden omitir los impactos ambientales y en la sostenibilidad que proyecta el turismo.

Las ciudades son espacios para vivir, convivir, trabajar y disfrutar. Si solo hacemos de ellas lugares entregados al ocio y el turismo se están dañando las bases de la vida y la convivencia, como sucede en tantos lugares.

Sobran motivos para comprender el malestar creciente que se extiende entre la población sobre un sector y un modelo que parece ajeno a cualquier tipo de regulación y consideración, social, laboral, cultural, económica, ambiental y sobre sus impactos, cuando comienzan a acumularse demasiados problemas que requieren de respuestas urgentes.

Un turismo de calidad y sostenible pasa, inexcusablemente, por aumentar la calidad de vida y la sostenibilidad de nuestras ciudades, evitando transformaciones indeseadas que dañen la convivencia y el futuro de nuestros vecinos.