Hace pocos días una impactante foto en la portada del principal periódico de Alicante, Información, retrataba con particular crudeza el drama silencioso de la accidentalidad laboral en los inmigrantes. La foto captaba la silueta de un cadáver sobre el techo de un invernadero en Pilar de la Horadada, en Alicante, donde había caído electrocutado al tocar el cable de una torre de alta tensión de 20.000 voltios. Sin embargo, la muerte de este trabajador, nacido en Mali, no tuvo ninguna otra repercusión, ningún sindicato en Alicante realizó siquiera una declaración sobre este trágico accidente y su significado. Aunque en realidad este accidente es uno más de los muchos que se vienen produciendo en España y que se ceban sobre un sector particularmente vulnerable como son los inmigrantes, sin que nadie, absolutamente nadie haga nada, diga nada o muestre la mínima preocupación por el gigantesco drama que supone la accidentalidad laboral. Estas reflexiones son un tributo a todas esas personas fallecidas y gravemente heridas cada año en accidentes laborales, muchas de las cuales son inmigrantes.

España encabeza en muchas ocasiones algunos de los peores índices, liderando así demasiados atrasos, abusos y pobreza. Uno de ellos es el de siniestralidad laboral, que España tiene el triste mérito de encabezar entre los países europeos de la UE-15, protagonizando el 20% de todos los accidentes laborales que se producen entre los quince, según Eurostat. Es algo que se produce desde hace tiempo, sin que haya movido una sola acción de envergadura para comprender y reducir las cifras de un drama humano de proporciones gigantescas, tanto por el daño humano y social que genera, como también por sus costes y consecuencias. Ni los diferentes gobiernos, ni los sindicatos, ni mucho menos los empresarios, pero tampoco otras organizaciones sociales, institucionales o universitarias han tomado conciencia de la magnitud de un problema tan devastador. De hecho, cada año mueren en España en accidentes laborales alrededor de 1.000 personas, es decir, unas 5 veces más de las personas asesinadas en el atentado del 11M y unas 20 veces más de las mujeres asesinadas por violencia de género en 2013.

Y es que en España se están dando circunstancias específicas que están agravando la accidentalidad laboral sobre los trabajadores, cebándose de forma particular sobre la población inmigrante, que en muchos casos aparece infrarrepresentada o ni siquiera figura en las estadísticas oficiales, lo que supone un rasgo de discriminación añadida. Es evidente que muchos de los inmigrantes llegados hasta España lo han hecho para trabajar, teniendo una presencia creciente en espacios donde se ha producido una cierta segregación ocupacional, con una escasa preparación y formación, así como una elevada precariedad, en línea con la ultraprecariedad del mercado de trabajo en España. Si a ello añadimos factores como la altísima rotación propiciada por su inestabilidad vital y laboral, su necesidad imperiosa de obtener recursos para sobrevivir, pagar sus deudas y enviar a su familia, nos encontramos con que en la medida en que muchos inmigrantes han ocupado los trabajos más penosos y en peores condiciones laborales, se produce un escenario proclive a una mayor accidentalidad laboral.

Accidentes laborales, negligencias empresariales y delitos

De la misma forma que en el fallecimiento de este ciudadano de Mali se comprobó con claridad que este y otros trabajadores de la misma nacionalidad realizaban trabajos de mantenimiento sobre invernaderos a escasa distancia de unas torres de alta tensión sin la mínima protección ni precaución, son muchos los accidentes en los que se constatan negligencias evidentes junto a ausencia de medidas de protección laboral de ningún tipo, con el añadido de que en no pocas ocasiones, una maraña de subcontratas y la ausencia de relación contractual dificulta incluso el ejercicio de acciones judiciales. Se han llegado a dar casos tan impresionantes, como el de trabajadores contratados y dados de alta después de morir en un accidente laboral para aparentar que estaban contratados, sin olvidar los casos en que los propios empresarios han llevado a los trabajadores inmigrantes sin papeles accidentados a las urgencias hospitalarias, abandonandoles al darse a la fuga pese a que sufrieran los afectados graves amputaciones.

Una sociedad que ha llegado a asumir con pasividad que la muerte en el trabajo es un peaje necesario para nuestra economía que permite el beneficio de unos pocos es una sociedad enferma. Una sociedad que es incapaz de movilizarse para detener y evitar esta sangría humana demuestra también algunas de sus insuficiencias y limitaciones morales. Pero también es verdad que otras muchas organizaciones sindicales, profesionales y sociales pueden hacer mucho más de lo que hacen. A mí, particularmente, me gustaría ver a la secretaria general de un gran sindicato (que no se pierde un solo mes de concentrarse de forma meritoria contra la violencia de género frente a los medios de comunicación) tener algún gesto público de solidaridad hacia los muchos trabajadores que vienen falleciendo en Alicante por accidentes negligentes, buena parte de los cuales son inmigrantes. El chico maliense de 30 años que acaba de fallecer en Pilar de la Horadada también lo merecía.