No ha podido elegir peor momento el presidente Pedro Sánchez y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para anunciar su apoyo a la propuesta del rey de Marruecos sobre la autonomía en el Sáhara occidental, basada en aceptar la soberanía marroquí sobre unos territorios ocupados militarmente. Mientras la comunidad internacional mostraba su rechazo unánime a la invasión militar de Rusia sobre Ucrania, el Gobierno español se vio obligado a confirmar lo que el presidente Sánchez había comunicado mediante una carta personal al propio rey de Marruecos. España aceptaba por la fuerza de la ocupación armada, la soberanía sobre unos territorios que, como han reconocido de manera repetida las Naciones Unidas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no son parte de Marruecos al tener la consideración de territorio no autónomo pendiente de descolonización.

Mientras el rey de Marruecos, Mohamed VI, disfrutaba en uno de sus lujosos palacios en el estuario del rio Komo, en Gabón, recibía la carta que le remitió el presidente del Gobierno de España, sintiéndola como una victoria personal histórica. Y sin dudarlo un momento, el propio rey ordenó filtrar a la prensa este documento diplomático, violando (una vez más) las normas básicas que rigen las relaciones entre Estados y obligando al Ejecutivo español a dar explicaciones atropelladas de una decisión incomprensible.

El anuncio que realizó el Gobierno de España en apoyo a la propuesta de autonomía formulada por el reino de Marruecos sobre el Sáhara considera que es “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”. Es curioso llamar “contencioso” a la ocupación militar sobre los territorios del Sáhara occidental, que arrancó con una guerra por Marruecos que dura ya 47 años y que culminó con la invasión de un territorio pendiente de descolonización. Es curioso llamar “contencioso” a la actitud del reino de Marruecos, que ha rechazado sistemáticamente todas las propuestas emitidas por las Naciones Unidas, así como las repetidas sentencias de tribunales internacionales que han reconocido el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui a través de un referéndum, rechazando su ocupación. Es curioso llamar “contencioso” a la política promovida por el Majzen (el rey y su oligarquía gobernante), que no ha parado de chantajear de todas las maneras posibles a España para forzar una decisión que vulnera el derecho internacional.

Pero, además, desde el Gobierno español se justifica esta polémica decisión en la necesidad de normalizar las relaciones con el Reino de Marruecos y dar seguridad a diferentes intereses españoles amenazados por este país y sometidos a tensiones crecientes. La filtración de la reciente carta enviada por el presidente Pedro Sánchez al rey Mohamed VI demuestra las maneras de un monarca autoritario, acostumbrado a ejercer el chantaje permanente como instrumento de política internacional cuando se le antoja. Y es que, desde hace años, la monarquía sátrapa alauita viene chantajeando, desafiando y utilizando todo tipo de amenazas contra España como instrumento de presión política. Lo han sufrido todos los gobiernos, de uno y otro color, de muy distintas maneras.

Así ha ocurrido con las migraciones clandestinas procedentes de este país. Históricamente, Marruecos utiliza las migraciones y a los inmigrantes para presionar a sus vecinos, especialmente a España. Y para ello, el propio Gobierno marroquí, sus responsables policiales y militares, han regulado las salidas de pateras hacia las costas españolas o los saltos de subsaharianos hacia las alambradas de Ceuta y Melilla. Nada de esto sucede sin que el “moquadem”, vigilantes a sueldos del Estado, lo autoricen, hasta informar al gobernador de la provincia. Marruecos lleva décadas chantajeando con la salida de pateras y con las avalanchas de subsaharianos desde su territorio para presionar a los diferentes gobiernos en función de sus intereses. Así sucedió durante la invasión marroquí de Ceuta, en mayo del pasado año, impulsada directamente por el propio rey y sus ministros, de la que presumieron como una eficaz herramienta de coacción al gobierno español.

Algo parecido sucede con el cultivo y tráfico de drogas. Naciones Unidas calcula que en Marruecos la superficie plantada de cannabis sátiva es de unas 200.000 hectáreas, diez veces la superficie de la ciudad de Alicante. ¿Alguien puede pensar que semejante extensión se puede ocultar? El gobierno marroquí lo sabe y lo consiente porque se beneficia directamente de ello, regando de dinero todos los escalones políticos económicos y policiales. Además, alimenta las redes del narcotráfico con las que chantajea a los países occidentales a su antojo, facilitando la salida de narcolanchas desde sus aguas.

Y qué decir de las Islas Canarias y de sus aguas territoriales, sometidas ahora también al chantaje del rey de Marruecos como mecanismo para obligar a España a apoyar la anexión marroquí del Sahara, o del terrorismo yihadista, muchos de cuyos grupos han tenido conexiones evidentes con este país, o del abandono que sufren los menores que vagan por las calles de Tánger, Tetuán o Marrakech, empujados con frecuencia a la inmigración clandestina hacia España.

Todos estos problemas forman parte de un chantaje a gran escala que Marruecos ha utilizado con eficacia contra España y que volverá a utilizar cuando le interese. Como hace cualquier chantajista que se precie.