Una de las derrotas de nuestro tiempo es haber normalizado desde la política la deshumanización de los más débiles, como hace la extrema derecha posdemocrática. Si los inmigrantes son el grupo de personas más vulnerables, y precisamente por ello han sido convertidos en chivos expiatorios de las estrategias impúdicas de las fuerzas políticas reaccionarias en todo el mundo, no hay nadie más indefenso que un menor extranjero no acompañado. Por este motivo, existen tratados jurídicos internacionales de obligado cumplimiento, junto a leyes nacionales vigorosas que velan por la integridad de estos niños y niñas en el mundo y también en nuestro país, defendiendo ese principio tan manoseado como es el supremo interés del menor.

España es uno de los países occidentales que en mayor medida vive en primera persona el problema de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas que llegan a través de migraciones tremendamente penosas, especialmente mediante pateras y cayucos, en travesías infernales, fundamentalmente desde países africanos hasta las costas de las islas canarias como primer punto de llegada a Europa, desde el norte de África hasta las costas mediterráneas y también hacia las ciudades de Ceuta y Melilla, fronterizas con Marruecos.

Dentro de la enorme complejidad que plantean las políticas migratorias, seguramente este es uno de los mayores desafíos ya que cada vez más familias en más países fuerzan a sus hijos e hijas a emigrar por numerosas razones. No se trata, únicamente, de que puedan tener un futuro del que carecen en sus comunidades, sino especialmente de que puedan obtener ingresos económicos que les permitan enviar remesas a sus progenitores y otros familiares, algo importantísimo en las migraciones contemporáneas.

Sin embargo, estos desplazamientos protagonizados por menores abren de cuajo desafíos de una enorme profundidad que no son nada sencillos y ante los que no vale la demagogia fácil, de uno u otro signo. Los problemas de los países no se solucionan enviando a sus menores a otros países porque son precisamente los gobiernos de estos estados y sus progenitores los que deben velar por el futuro de sus niños y niñas. Por otro lado, en ningún caso estos menores deben ser víctimas de las redes criminales de tráfico de personas que ponen en peligro sus vidas. Y al mismo tiempo, ningún país puede recibir de golpe miles y miles de menores de países y comunidades lejanas que sobrepasan extraordinariamente las capacidades en los lugares donde llegan, como sucede en las islas Canarias, que acumulan a más de 5.477 de ellos, mientras que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla sumarían otros 538 más.

España ha acogido a 59.700 menores ucranianos a los que ha escolarizado, facilitado atención médica así como ayudas económicas y sociales desde el inicio de la guerra con Rusia, en febrero de 2022, del total de los 199.000 ciudadanos de este país amparados bajo la directiva de protección temporal llegados a España. Sin embargo, el PP, a través de sus gobiernos autonómicos, se niega a aceptar el acuerdo de trasladar a la península unos cientos de niños y niñas extranjeros no acompañados alojados en los centros saturados de Canarias, Ceuta y Melilla, compromiso que había pactado con el Gobierno hace meses para dar respuesta a la situación crítica que se vive particularmente en Canarias, una comunidad en la que cogobierna con Coalición Canaria.

Una vez más, el desgaste al ejecutivo de Pedro Sánchez se coloca por encima de los intereses de la población canaria y, por supuesto, de estos menores de edad extranjeros no acompañados. Y en ese camino, el PP ha asimilado los postulados de Vox para deshumanizar a estos menores mediante el despliegue de todo tipo de mentiras y barbaridades racistas y xenófobas, como está haciendo el presidente Mazón, abrazando los postulados ultras más reaccionarios con entusiasmo, en línea con lo que parece que van a hacer otros presidentes autonómicos que quieren pactar sus presupuestos con la ultraderecha.

Frente a ello, la propuesta de este Gobierno a través del Real Decreto que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería, aprobado recientemente en el Congreso, supone el mayor esfuerzo por presentar una alternativa tan rigurosa como novedosa para tratar de aliviar solidariamente a aquellos territorios tensionados por la llegada de menores extranjeros no acompañados, activando un mecanismo llamado “contingencia migratoria” para actuar cuando un territorio triplique su capacidad de acogida. A partir de ese momento, se aliviarán estas regiones mediante traslados a comunidades en la península, por medio de un dispositivo técnico novedoso que tendrá en cuenta variables como la población, la renta, el desempleo, el esfuerzo en atención a estos menores o la dispersión de su población, a través de baremos objetivos para calcular los menores que podrán recibir. Todo ello acompañado de recursos para la atención a estos niños, niñas y jóvenes. Esto es a lo que se opone el PP, llevado por su intransigencia tacticista, sin importarles dañar a una comunidad donde también gobierna.

Las políticas de tierra quemada que viene practicando el PP con saña, también hacia los menores de edad extranjeros no acompañados, impiden comprender que es en las comunidades autónomas, mayoritariamente gobernadas por el PP, donde viven estos menores migrantes y, por tanto, donde tarde o temprano necesitarán los populares de los mismos acuerdos que ahora boicotean y niegan al Gobierno con intransigencia.