En el marco de las actividades promovidas desde el “Aula de la ciudad de Alicante”, coordinada por los profesores Jorge Olcina y José Ramón Navarro Vera en la Sede Universitaria, el 26 de febrero tiene lugar una mesa redonda en la que se analiza la situación del movimiento ciudadano en la capital, debatiéndose sus desafíos más relevantes en momentos particularmente complejos como los que atravesamos. En ella, participo desarrollando un análisis con una fuerte base sociológica y de compromiso, combinando el análisis histórico y la crítica política e institucional, con propuestas transformadoras que tengan en cuenta los desafíos ante los procesos de transformación que atravesamos y que también vive nuestra ciudad.

Junto a las intervenciones y debates de este día, expongo un análisis sobre un eje fundamental en la vida de la ciudad, como es la participación y el activismo ciudadano en Alicante, a través de un diagnóstico y una identificación de desafíos.

Hay que comenzar destacando la deuda que tenemos con ese movimiento ciudadano embrionario que surgió en momentos sociales y políticos muy difíciles en Alicante, fundamental para construir y mejorar una ciudad que era fruto del abandono salvaje y la especulación más brutal, donde faltaba de todo. Las primeras asociaciones vecinales nacieron al calor de la utopía, luchando por un futuro mediante lógicas de solidaridad, encuentro, reivindicación y trabajo conjunto en contextos muy ásperos y hostiles en el tardofranquismo e inicios de la transición.

Entre las organizaciones pioneras destacan Virgen del Remedio, que inicia su andadura a finales de los sesenta y Divina Pastora, legalizada en 1975, que siguen teniendo un papel muy activo, trabajando como escuelas de pedagogía política, democrática y social acelerada. En estas entidades se aprendía algo desconocido hasta entonces como era el activismo ciudadano junto al impulso de las redes de solidaridad. La construcción de un sentimiento novedoso de comunidad y la lucha ciudadana consiguieron diferentes equipamientos y servicios básicos, junto al rechazo a propuestas municipales dañinas para el conjunto de los vecinos.

La llegada del PP a la alcaldía, en 1995, de la mano de Luis Díaz Alperi, representó una importante involución para el movimiento asociativo vecinal en dos sentidos: con el inicio de un proceso de control clientelar de muchas entidades vecinales que se mantiene, junto a una dinámica de rechazo, obstaculización y hasta persecución contra aquellas organizaciones que plantaron cara y se opusieron a proyectos que habrían sido muy dañinos para la ciudad, como la construcción del palacio de congresos en el Benacantil o el plan Rabasa.

La corta etapa del tripartito, de 2015 a 2018, fue incapaz de invertir estas dinámicas e impulsar una renovación del activismo ciudadano, salvo acciones muy puntuales, alimentando a algunas organizaciones sin implantación, con una fragmentación interesada sobre algunos colectivos.

El mandato de Luis Barcala al frente de la ciudad, que se inicia en 2018, tras el triunfo de la investidura que contó con la abstención clave de la tránsfuga de Podemos y sus posteriores pactos con la ultraderecha, ha convertido Alicante en laboratorio del autoritarismo, blanqueando a Vox e impulsando su ideario ultraderechista y dogmático, con una profunda involución sobre el movimiento vecinal y la participación ciudadana.

De esta manera, Barcala y sus concejales del PP en este mandato y en el anterior vienen trabajando de manera activa para desmantelar, rechazar y despreciar todo atisbo de participación ciudadana, anulando órganos básicos establecidos legalmente, sin dejar de rechazar y menospreciar públicamente las peticiones, propuestas y aportaciones relevantes que surgen desde sectores vecinales y sociales. Hasta el punto de actuar con un autoritarismo radicalmente opuesto a la participación.

No es exagerado afirmar, por ello, que Alicante atraviesa el mayor retroceso en su participación ciudadana desde la restauración de los ayuntamientos democráticos, con una visión autoritaria del poder municipal que anula deliberadamente los cauces de diálogo legalmente establecidos, casando muy mal con una participación ciudadana capaz de construir consensos y aunar esfuerzos imprescindibles para hacer avanzar la ciudad. Porque la participación local exige de reconocimiento y respeto a través de un clima de diálogo y colaboración continuado, mediante procesos francos y transparentes. Todo lo contrario de lo que se impulsa desde el Ayuntamiento de Alicante en estos momentos.

Si tuviéramos que hacer un diagnóstico apresurado sobre el ecosistema ciudadano en Alicante, hay que reconocer su valioso papel en su lucha frente a propuestas históricas que hubieran afectado negativamente a la ciudad, junto a otras muchas en marcha actualmente. También hay que destacar iniciativas que no consiguieron sus objetivos, así como el surgimiento de movimientos ciudadanos nuevos que intentan defender Alicante de amenazas recientes, sin olvidar algunas asociaciones vecinales convertidas en propagandistas del gobierno municipal.

Ahora bien, el activismo ciudadano en Alicante presenta un tejido deshilachado, con una notable debilidad, fragmentación y atomización, sin experiencias alternativas existentes en otras ciudades, como la gestión vecinal de centros sociocomunitarios o viviendas colectivas en gestión de uso sobre suelo público, por ejemplo. Al mismo tiempo, existe desde hace tiempo una mala convivencia entre el espacio político y el ciudadano, presentando una notable debilidad para articular visiones estratégicas y globales sobre la ciudad y su futuro.