Salvar vidas no puede ser un delito, como tampoco puede dejar indiferente a nadie que haya personas que dedicando su vida a ello sean tratadas por las autoridades europeas en distintos países como delincuentes. Salvar la vida de las personas, de cualquier persona que corre el peligro de morir, debería ser considerado como un acto de entrega, un ejemplo de humanidad, una admirable muestra de bondad en medio de un mundo que debilita los sentimientos más nobles, sustituyéndolos por los cálculos económicos más prosaicos.

Salvar a un niño sin futuro a punto de ahogarse, a una madre que sujeta con fuerza a sus hijos para que se mantengan a flote, a jóvenes que han escapado de la muerte y del hambre en medio de las frías aguas del Mediterráneo, tendría que ser elogiado por todos aquellos que tengan alma, por gobernantes y dirigentes políticos, por ministros y comisarios europeos de cualquier partido y color político. Rescatar a los tripulantes de un bote que se hunde en un mar que se ha tragado más de 15.500 vidas en los últimos cuatro años, según datos oficiales contabilizados por Naciones Unidas, debería abrir todos los informativos, contar con una mención en los consejos de ministros, recibir una felicitación entusiasta en las cumbres de presidentes de la UE, obtener los máximos elogios de obispos y sacerdotes que no paran de proclamar una y otra vez su absoluto respeto por la vida humana. Sin embargo, la progresiva descomposición de los valores, principios y acuerdos fundamentales sobre los que avanza la Europa contemporánea e impulsan sus dirigentes lleva al delirio de apresar, detener y tratar como a delincuentes a aquellos que, sustituyendo la pasividad y la inacción cómplices que muestran los gobiernos europeos ante la tragedia que se vive en el Mediterráneo desde hace años, han decidido dedicar su vida y sus energías a rescatar de una muerte segura a miles de desesperados que se lanzan al mar en frágiles embarcaciones.

Diferentes gobiernos europeos llevan tiempo tratando de impedir el trabajo de rescate que realizan en aguas del Mediterráneo los barcos de ONG humanitarias dedicadas a salvar vidas, llegando incluso a detener y emprender acusaciones muy graves contra diferentes personas y organizaciones. Así lo hicieron las autoridades helenas en enero de 2016, al detener en la isla griega de Lesbos a tres bomberos sevillanos que se encontraban allí dedicando su tiempo libre a colaborar con la ONG Proem-Aid en el rescate de refugiados en el Mediterráneo, junto con la ONG danesa Team Humanity, propietaria del barco que utilizaban en los salvamentos. Aunque desconocen con precisión los cargos exactos que les imputan, todo indica que les acusan de tráfico ilegal de personas, penado en ese país con hasta diez años de cárcel.

Ahora les ha tocado a los activistas de la organización humanitaria Proactiva Open Arms, que desde septiembre de 2015 están trabajando en el rescate de personas en el Mediterráneo a raíz de la crisis de los refugiados y la sucesión de naufragios y muertes que se venían produciendo de manera periódica, como reflejaban los medios de comunicación. Desde entonces, los socorristas y técnicos de esta ONG han rescatado de las aguas del mar y de embarcaciones que se hundían a un total de 59.000 personas, una cifra que multiplica por 25 el número de fallecidos en los atentados de las Torres Gemelas, en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. Pero todas estas vidas rescatadas por Open Arms tenían un denominador común: eran pobres y desesperados, que para escapar de la muerte, de la guerra o del sufrimiento no tenían miedo a arriesgar su propia vida, poniéndose para ello en manos de traficantes de personas que los hacinaron en barcas infames para empujarlos hacia la muerte en un mar que se ha convertido en la mayor fosa común del mundo.

Tras poner a salvo a más de dos centenares de mujeres y niños, rescatados de aguas internacionales con la oposición de una patrullera libia que amenazaba con dispararles si no les entregaban a las personas rescatadas, y conducirlos finalmente hasta el puerto siciliano de Pozzallo, las autoridades italianas incautaron el barco de Open Arms a petición de la Fiscalía, bajo la acusación de favorecer la inmigración irregular, lo que podría llevar aparejada una pena máxima de tres años y una sanción de 15.000 euros. Un disparate anunciado, que nuestro ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya había anticipado, cuando en julio de 2017 afirmó sin inmutarse que “las ONG que rescatan a inmigrantes en el mar se convierten en cómplices de las mafias”.

Sabemos que a los dirigentes europeos no les conmueven las miles de personas que mueren tratando de llegar hasta Europa, lo han demostrado sobradamente. Tampoco les inquietan sus reiterados incumplimientos en materia de acogida de refugiados, ni les perturban los compromisos con gobiernos que vulneran los derechos humanos, como el turco o el libio, dedicando miles de millones de euros a que sus dirigentes compren armamento. Tampoco que se produzcan situaciones de auténtica esclavitud en campamentos de detención de inmigrantes en territorio libio, ni siquiera incumplir acuerdos internacionales sagrados en materia de salvamento marítimo, como el Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento (SAR) de 1979 y el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) de 1974. Lo que más les preocupa es que haya personas que en medio de tanta inhumanidad, se hayan propuesto demostrar que cuando se quiere salvar una vida, se puede, sin retórica, sin palabrería hueca, sin falsas promesas. Y se puede hacer con la belleza de sus buenos sentimientos que ahora quieren también criminalizar.