Son habituales los casos de menores que tienen problemas de alimentación porque sus comidas básicas son las que hacen en el colegio cuando acuden a clase, los que no pueden comprar material escolar para su educación, los que pasan frío, los que no pueden acceder a tratamientos médicos, dentales u oftalmológicos por carecer de recursos. Por si fuera poco, la pandemia y los confinamientos han sacado a la luz los hogares que no disponen de condiciones para que muchos niños y niñas estudien, al no disponer de equipos informáticos o de una adecuada conexión a internet, representando también un factor que daña su educación. La pobreza infantil existe entre nosotros y tiene múltiples formas, que con el tiempo pueden traducirse en marginación, violencias o en una pobreza cronificada de la que nunca se saldrá.

Por vez primera en la historia, desde la Unión Europea y a través de sus estados miembros como España, se está trabajando de manera acompasada en una estrategia continental contra la pobreza infantil y a favor de los derechos de la infancia, una de esas noticias que pasan desapercibidas entre la maraña de disputas políticas estériles habituales. El dato tiene una enorme trascendencia a la hora de avanzar hacia sociedades más equilibradas, al reducir importantes espacios de pobreza y desigualdad en el futuro, en la medida en que se rompe la transmisión intergeneracional de desventajas, con efectos profundos a largo plazo.

Fue en plena pandemia, el pasado mes de marzo, cuando la Comisión Europea aprobó la llamada Garantía Infantil Europea, ratificada en junio por los gobiernos, con el objetivo de prevenir y combatir la exclusión social al garantizar el acceso de los menores a un conjunto de servicios clave para su pleno desarrollo y eliminar cualquier forma de discriminación, promoviendo así la igualdad de oportunidades. A su vez, este programa de Garantía Infantil se sitúa dentro de otras estrategias más amplias que reconocen derechos básicos sobre la infancia, en el marco de la Estrategia Europea de Derechos de la Infancia y del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

No estamos hablando de un asunto menor, si queremos trabajar de manera decidida contra la pobreza, en la medida en que uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes de la UE estaría en riesgo de pobreza y exclusión, siendo España el tercer país con mayores tasas de pobreza infantil, con un 27,4%, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Además, esta situación se ha agravado por el impacto y los efectos de la pandemia de Covid-19, planteando la urgente necesidad de una respuesta enérgica ante una situación que compromete el futuro y la convivencia.

El trabajo de la UE avanza sobre el compromiso de que todos los niños, niñas y adolescentes de sus países miembros tengan garantizados, en condiciones de igualdad, seis derechos básicos esenciales que configuran a su vez, seis áreas de trabajo fundamentales, en torno a la enseñanza y el cuidado infantil, la educación y las actividades extraescolares, la garantía de al menos una comida por día lectivo, la salud, una vivienda adecuada y disponer de nutrición saludable.

Al mismo tiempo, este trabajo se complementa con una actuación más amplia de las instituciones europeas sobre otras seis líneas estratégicas en torno la incorporación de las demandas de niños y niñas en la vida democrática y en los acuerdos que se elaboren desde la UE, sobre el derecho de niños y niñas a desarrollar todo su potencial sin limitaciones por su origen social, el derecho de los menores a vivir libres de todo tipo de violencias, la adaptación de la justicia a las particularidades de los niños y niñas en todas sus fases, el derecho de los menores a navegar de forma segura en el entorno digital y tener acceso a las TIC, así como la extensión y protección de los derechos básicos sobre niños y niñas en el mundo a través de las instituciones internacionales, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria.

Es la primera ocasión en la historia en que se habla de una actuación de tanta envergadura sobre los menores europeos que será impulsada desde las instituciones comunitarias y los países miembros, para lo cual, se crea el Foro Anual de la UE sobre los derechos del niño, que evaluará los resultados de esta estrategia en el año 2024.

Y España es uno de los siete países escogidos para poner en marcha este plan piloto, designándose como instituciones coordinadoras al Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, una institución novedosa creada por el presidente del Gobierno en el año 2018 que viene realizando un trabajo muy importante, junto al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Unicef. A través de esta experiencia piloto, se está llevando a cabo una investigación que está radiografiando las condiciones, naturaleza y efectos de la pobreza infantil en toda España para incorporar recomendaciones específicas que permitan la elaboración de un Plan Nacional para el desarrollo de la Garantía Infantil Europea desde las diferentes instituciones, regiones y administraciones del Estado.

Nuestro futuro depende, en buena medida, de las condiciones que ofrezcamos a la infancia. Por eso, la importancia de que entendamos la oportunidad que todo este trabajo nos abre para hacer una mejor sociedad.