Son habituales los casos de menores que tienen problemas de alimentación porque sus comidas básicas son las que hacen en el colegio cuando acuden a clase, los que no pueden comprar material escolar para su educación, los que pasan frío, los que no pueden acceder a tratamientos médicos, dentales u oftalmológicos por carecer de recursos. Por si fuera poco, la pandemia y los confinamientos han sacado a la luz los hogares que no disponen de condiciones para que muchos niños y niñas estudien, al no disponer de equipos informáticos o de una adecuada conexión a internet, representando también un factor que daña su educación. La pobreza infantil existe entre nosotros y tiene múltiples formas, que con el tiempo pueden traducirse en marginación, violencias o en una pobreza cronificada de la que nunca se saldrá.

Por vez primera en la historia, desde la Unión Europea y a través de sus estados miembros como España, se está trabajando de manera acompasada en una estrategia continental contra la pobreza infantil y a favor de los derechos de la infancia, una de esas noticias que pasan desapercibidas entre la maraña de disputas políticas estériles habituales. El dato tiene una enorme trascendencia a la hora de avanzar hacia sociedades más equilibradas, al reducir importantes espacios de pobreza y desigualdad en el futuro, en la medida en que se rompe la transmisión intergeneracional de desventajas, con efectos profundos a largo plazo.