Entre el maltrato y la desconexión digital

La brecha o exclusión digital no afecta, únicamente y como se cree, a personas mayores, vulnerables o con escasos recursos económicos, ni mucho menos. Avanzar hacia una mejor sociedad, más fuerte y cohesionada pasa por comprender que no podemos utilizar los avances tecnológicos para privar de derechos a grupos enteros, dificultando la relación con la Administración a sectores cada vez más amplios y obstaculizando el acceso a servicios públicos esenciales a colectivos y entidades sociales básicos para el ejercicio de una ciudadanía plena. Por tanto, es un problema de todos.

Pero la realidad avanza imparable e insensible, dejando en la cuneta a cada vez más personas que añaden, a sus muchas dificultades para salir adelante y tener una vida digna, la exclusión digital que, como una muralla, se alza frente a ellos cada día más alta, más infranqueable, más inaccesible. La desconexión digital que sufren muchas personas es el nuevo analfabetismo del siglo XXI, que impide su participación efectiva en nuestra sociedad. Una nueva brecha social que tomó carta de naturaleza con la pandemia de COVID-19, pero que se ha extendido a una velocidad imparable, sin tomar conciencia de sus efectos indeseados sobre amplios grupos de personas.

Hasta el punto de que la brecha digital se ha convertido ya en una fractura social que está arrinconando a grupos muy amplios que carecen de formación y habilidades, que no disponen de los equipos tecnológicos con frecuencia altamente avanzados, que desconocen los nuevos lenguajes que imponen las tecnologías digitales, incapaces de utilizar de manera adecuada aparatos que forman parte de los instrumentos imprescindibles para la comunicación con administraciones e instituciones. Diferentes estudios señalan que el apagón digital afecta al 35% de la población en toda España, más de 800.000 familias, en parte por no disponer de los equipos necesarios, pero, sobre todo, por carecer de una conexión adecuada o carecer de las habilidades necesarias para su utilización.

Todos tenemos personas en nuestro entorno a las que ayudamos a manejarse para llevar a cabo trámites muy básicos que de otra forma no podrían realizar, con los bancos, con las administraciones, con Hacienda, ante la Seguridad Social, para el pago de recibos. Hijos que ayudan a sus padres, nietos que echan una mano a sus abuelos, trabajadoras sociales que cumplimentan infinidad de trámites que de otra forma no podrían hacerse. Pero las administraciones públicas y las entidades bancarias no pueden mantenerse insensibles, anunciando planes para su completa digitalización mientras estas bolsas de personas excluidas no tengan resuelto el acceso pleno y en igualdad de derechos a los recursos básicos para su vida a través de estas instituciones, algo que hoy en día no sucede.

De manera que, más que hablar de brecha digital, deberíamos decir maltrato digital, en la medida en que muchas de las medidas que se están tomando para la digitalización por instituciones públicas y privadas se hacen sabiendo que hay grupos cada vez más amplios de personas que no pueden acceder a ellas. Una tercera parte de toda la población, nada más y nada menos. Es así como a las desigualdades económicas, sociales, residenciales y de oportunidades hay que añadir también unas desigualdades digitales que impulsan y aceleran todas las demás, lastrando el ejercicio pleno de derechos como la sanidad, la participación ciudadana, la educación, las relaciones sociales, la gestión administrativa y bancaria o el acceso a servicios sociales, elementos básicos para seguir formando parte de una comunidad.

Pero esta barrera cada vez más infranqueable se está levantando, también, sobre entidades sociales, asociaciones y ONG cuyo trabajo resulta fundamental en muchos campos, pero que ven como las administraciones están utilizando la excusa de la digitalización para dificultar su trabajo y aumentar una burocratización innecesaria, a costa de multiplicar trámites, complicar el manejo de plataformas y exigir procedimientos repetitivos. También en este sector se está abriendo una brecha entre las entidades que tienen personal, medios y recursos para utilizar las exigencias digitales que impone la administración, frente a otras que, a pesar de la relevancia de su trabajo, a duras penas pueden acceder a convocatorias y subvenciones, convirtiendo cualquier trámite administrativo en una carrera de obstáculos.

La experiencia llevada a cabo entre la mesa de entidades sociales de Cataluña y su proyecto de innovación digital, junto a la Generalitat catalana, que ha cristalizado en un decálogo de propuestas para aprovechar mejor el proceso de digitalización en la administración pública y simplificar los procedimientos administrativos, demuestra que se puede avanzar, desde el diálogo, hacia una mejor implantación de la administración digital. Este decálogo, en el que ya se está trabajando, parte de dos estudios distintos emprendidos tanto por la mesa del Tercer Sector de Cataluña como por la Federación Catalana de ONGD, demostrando el rigor y compromiso de las entidades sociales con estos procesos.

Una experiencia muy valiosa que debería de ser impulsada, también, en nuestra Comunidad. Con mayor motivo cuando una parte de la recuperación económica y social se basa en el impulso digital. Aunque me temo que por estas tierras faltan capacidad, sensibilidad y ganas.

 

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