La brecha o exclusión digital no afecta, únicamente y como se cree, a personas mayores, vulnerables o con escasos recursos económicos, ni mucho menos. Avanzar hacia una mejor sociedad, más fuerte y cohesionada pasa por comprender que no podemos utilizar los avances tecnológicos para privar de derechos a grupos enteros, dificultando la relación con la Administración a sectores cada vez más amplios y obstaculizando el acceso a servicios públicos esenciales a colectivos y entidades sociales básicos para el ejercicio de una ciudadanía plena. Por tanto, es un problema de todos.

Pero la realidad avanza imparable e insensible, dejando en la cuneta a cada vez más personas que añaden, a sus muchas dificultades para salir adelante y tener una vida digna, la exclusión digital que, como una muralla, se alza frente a ellos cada día más alta, más infranqueable, más inaccesible. La desconexión digital que sufren muchas personas es el nuevo analfabetismo del siglo XXI, que impide su participación efectiva en nuestra sociedad. Una nueva brecha social que tomó carta de naturaleza con la pandemia de COVID-19, pero que se ha extendido a una velocidad imparable, sin tomar conciencia de sus efectos indeseados sobre amplios grupos de personas.