Mientras Pablo Casado afirmaba con impostada solemnidad que, ante un posible pacto con Vox, nunca sacrificaría los principios del Partido Popular, a lo largo de esta semana, desde el equipo de gobierno municipal de Alicante, presidido por el alcalde popular, Luis Barcala, se han pasado muchos de esos aparentes principios por los mismísimos arcos de la Casa Consistorial, escribiendo una de las páginas más oscuras de la historia democrática de la ciudad.

El alcalde Barcala pasará a la historia como el responsable de meter la ideología ultraderechista en el Gobierno municipal de Alicante por la puerta de atrás, asumiendo y normalizando algunas de sus exigencias más salvajes contra la convivencia que con tanto esfuerzo hemos construido. Criminalizar, estigmatizar y marginar a los pobres y vulnerables, a las personas LGTBI, a los inmigrantes y mujeres prostituidas, negar la violencia de género o la necesidad de avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, cuestionando a organismos internacionales o las políticas de solidaridad es lo que Luis Barcala, sus concejales del Partido Popular y ese grupo de oportunistas en descomposición llamado Ciudadanos han hecho en Alicante. Y lo hacen tras asumir la exigencia de la ultraderecha de Vox de aprobación de una indecente ordenanza contra la mendicidad, contra los pobres, al tiempo que sacan adelante un presupuesto municipal que da carta de naturaleza a muchas de las exigencia más reaccionarias de la ultraderecha sobre áreas sociales de la ciudad.

Barcala ha protagonizado la mayor operación de blanqueamiento de la extrema derecha y de su ideología de odio, precisamente con el mismo partido que le está comiendo la tostada al PP y que pertenece a esa amalgama de fuerzas neofascistas frente a las que, en países como Francia o Alemania, la derecha ha desplegado una línea muy nítida de aislamiento político. Pero en España, las ansias de permanecer en los gobiernos por el PP no se paran en calcular los daños que para el sistema democrático y la convivencia está provocando su gigantesca irresponsabilidad, al impulsar el ideario de rencor, rechazo y discriminación de Vox, como están haciendo PP y Ciudadanos en Alicante.

Para la derecha, las personas pobres y vulnerables son unos fracasados del sistema a los que hay que sacar de las calles céntricas y multar por su situación de miseria a base de más castigos y sufrimientos, porque su sola presencia molesta a esa gente de bien a la que dicen representar. Todo ese abanico de multas, sanciones y castigos contra tantas personas vulnerables por el hecho de ser pobres y vivir en la miseria que ha aprobado el Gobierno municipal del PP y Cs, bajo la exigencia de Vox en Alicante, muestra el colapso moral al que se han arrojado, empujados por los aires ultraderechistas más rancios. Porque, si como repiten con indisimulado cinismo, lo que pretenden con la indecente ordenanza contra la mendicidad es castigar a las mafias, ¿cómo puede ser que en sus veintiuna páginas no aparezca ni una sola vez la palabra mafias, redes de tráfico de personas o trata de seres humanos? Decir que se quiere luchar contra algo que ni siquiera se menciona, como hace este Gobierno municipal, es el ejemplo de la desvergüenza política a la que se ha llegado, pensando que los ciudadanos somos idiotas que nos alimentamos de sus patrañas.

Naturalmente que muchas personas de bien llevamos años trabajando para que se luche contra los traficantes de personas y los delitos contra la trata de seres humanos. Es lo que hacen las fuerzas de seguridad y jueces desde hace años, entre otras cosas aplicando el artículo 177 bis 1 del Código Penal y la Ley Orgánica de protección jurídica del menor, porque es desde ahí, con la máxima contundencia legal, desde donde hay que perseguir estos delitos. Y es lo que debería hacer el Ayuntamiento, en lugar de utilizar esta excusa para desplegar una cacería contra los pobres en las calles de Alicante, mientras tiene los servicios sociales municipales en descomposición, con miles de expedientes sin resolver, sin ser capaz todavía de incorporar a más de cien trabajadoras sociales que terminaron sus contratos en diciembre, con citas urgentes que se demoran hasta el verano, teniendo que devolver dinero no utilizado en plena emergencia social en la ciudad.

Y por si todo ello no fuera suficientemente impúdico, el alcalde Barcala aprueba esta lamentable ordenanza contra los pobres sin aceptar ni una sola de las numerosas alegaciones aportadas por entidades que trabajan con la población vulnerable, sin hablar con nadie, en un pleno telemático para evitar dar la cara, cuando se ha cansado de culpar en estos dos años de pandemia a las autoridades sanitarias del Gobierno central y la Generalitat por no permitir que hubiera discotecas o bares abiertos en los peores momentos de la pandemia. Pura indecencia política.

Pero para confirmar esta involución, al día siguiente aprobó el presupuesto municipal para 2022, admitiendo todas las peticiones intolerantes, homófobas y discriminatorias promovidas por la extrema derecha, cuya ideología se basa en glorificar el franquismo y promover un ideario de odio, fanatismo y xenofobia.

El colapso moral de este gobierno municipal nos lleva por una peligrosa pendiente, en manos de unos valores que hacen de Alicante una peor ciudad. Este será el mérito de Luis Barcala en la Alcaldía.