Mientras Pablo Casado afirmaba con impostada solemnidad que, ante un posible pacto con Vox, nunca sacrificaría los principios del Partido Popular, a lo largo de esta semana, desde el equipo de gobierno municipal de Alicante, presidido por el alcalde popular, Luis Barcala, se han pasado muchos de esos aparentes principios por los mismísimos arcos de la Casa Consistorial, escribiendo una de las páginas más oscuras de la historia democrática de la ciudad.

El alcalde Barcala pasará a la historia como el responsable de meter la ideología ultraderechista en el Gobierno municipal de Alicante por la puerta de atrás, asumiendo y normalizando algunas de sus exigencias más salvajes contra la convivencia que con tanto esfuerzo hemos construido. Criminalizar, estigmatizar y marginar a los pobres y vulnerables, a las personas LGTBI, a los inmigrantes y mujeres prostituidas, negar la violencia de género o la necesidad de avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, cuestionando a organismos internacionales o las políticas de solidaridad es lo que Luis Barcala, sus concejales del Partido Popular y ese grupo de oportunistas en descomposición llamado Ciudadanos han hecho en Alicante. Y lo hacen tras asumir la exigencia de la ultraderecha de Vox de aprobación de una indecente ordenanza contra la mendicidad, contra los pobres, al tiempo que sacan adelante un presupuesto municipal que da carta de naturaleza a muchas de las exigencia más reaccionarias de la ultraderecha sobre áreas sociales de la ciudad.