La UE naufraga en el sur

Tras la gigantesca crisis migratoria que estalló en la UE desde el año 2015, cuando decenas de miles de migrantes forzosos trataban de llegar hasta su territorio, protagonizando en muchos casos dramáticos naufragios en el Mediterráneo, la Comisión Europea se inventó una respuesta llamada “Agenda Europea de Inmigración” que, según se decía, daría una respuesta integral a la gestión de la inmigración en Europa y marcaría un antes y un después en la política migratoria en los países de la Unión. Lo cierto es que, mientras responsables comunitarios de entonces hacían declaraciones rimbombantes sobre la política de migración y asilo pactada, la realidad se empeñaba en demostrar que Europa atravesaba la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial debido a la pasividad, la negligencia y la irresponsabilidad de instituciones y países, incapaces de respetar sus propios acuerdos.

Recientemente, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, calificaba de “deplorable” la política migratoria y de asilo de la UE desde 2015 y no le faltaba razón. Basta decir que, desde entonces y según datos oficiales de las Naciones Unidas, se han contabilizado en naufragios de embarcaciones que trataban de acceder a costas europeas 18.226 personas fallecidas, junto a los cuerpos que nunca serán encontrados. De ellos, 1.717 corresponden a fallecidos que trataban de llegar hasta España en el pasado 2020, lo que da buena idea de la importancia que ha adquirido nuestro país como frontera Sur en las rutas migratorias que tratan de llegar hasta el continente europeo.

Es cierto que la pandemia ha afectado profundamente a los desplazamientos en todo el mundo, pero también ha impulsado migraciones más dramáticas, como ha sucedido en el continente africano. La desviación de rutas migratorias tradicionales por el cierre de fronteras, el propio impacto de la pandemia, las crisis humanitarias y ambientales, el recrudecimiento de conflictos en el Sahel e incluso la particular presión política desarrollada por Marruecos con las migraciones ha colocado a España en el punto de mira de las rutas migratorias clandestinas, convirtiendo a las Canarias en plataforma de acceso preferente hacia Europa.

Una vez más, un país del sur de Europa, en este caso España, atraviesa una situación de emergencia migratoria, mientras la UE mira para otro lado y los países del norte se desentienden por completo, repitiendo que es nuestra responsabilidad evitar que todos esos inmigrantes llegados hasta las costas españolas no accedan a sus estados. Como ya sucedió con Grecia y después con Italia, ahora se pide a España que asuma la responsabilidad y el peso de convertirse en gendarme de las fronteras europeas, mientras las instituciones comunitarias y sus países socios muestran su indiferencia, cuando no una clara insolidaridad hacia lo que se vive en la frontera sur de Europa.

Y en este escenario marcadamente insolidario, la UE está tratando de impulsar lo que denomina como un nuevo “Pacto de Migración y Asilo”, que dice querer sentar las bases de la gestión de los flujos migratorios y de refugio en el continente. Una vez más, la Europa construida sobre la base de valores históricos de solidaridad, respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales parece saltar por los aires sin que se quiera aprender de la amarga lección de fracasos y desencuentros vivida con la crisis de los refugiados sirios, que puso al limite las costuras del proyecto europeo.

Como viene sucediendo desde 2015, los países del sur de Europa que más tensiones migratorias soportan en sus fronteras marítimas con África (España, Italia, Grecia, Chipre y Malta) defienden una implicación del conjunto de la UE en las políticas migratorias y en la atención e intervención sobre los flujos de inmigrantes que llegan hasta sus costas periódicamente. En frente tienen a los países del norte, obsesionados por limitar la llegada de inmigrantes hasta sus sociedades ricas, pero especialmente el llamado grupo de Visegrado, formado por Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, con posiciones reaccionarias que en muchos casos vulneran la legislación internacional y los derechos humanos, desentendiéndose por completo de lo que puedan vivir sus socios mediterráneos, con una apuesta exclusiva de soluciones policiales y militares.

Algunas de las propuestas que se debaten en este nuevo Pacto europeo de migración y asilo vuelven a insistir en la idea de una Europa fortaleza asediada, como sucede con la idea de imponer cribados rápidos de migrantes en frontera. Por el contrario, no aparece de forma clara la solidaridad del conjunto de la UE con los países que mayor presión migratoria atravesamos, a través, por ejemplo, de reubicaciones de solicitantes de asilo.

Pero lo más llamativo es que este nuevo Pacto se desentiende por completo del Global Compact de Marrakech, impulsado por las Naciones Unidas en 2018, que exige vías legales y seguras para los inmigrantes, junto a un tratamiento adecuado a los refugiados, además de mecanismos que impulsen el desarrollo humano en los países de origen y el respeto a los derechos humanos básicos.

La UE sigue sin entender la importancia trascendental de una adecuada respuesta conjunta al problema migratorio en su territorio. Está en juego evitar que la extrema derecha siga alimentándose del caos y de la falta de capacidad de gestión que demuestra y, también, impedir que los discursos de odio, rechazo o miedo puedan extenderse entre la sociedad europea, especialmente en los países del sur.

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