Una de las derrotas de nuestro tiempo es haber normalizado desde la política la deshumanización de los más débiles, como hace la extrema derecha posdemocrática. Si los inmigrantes son el grupo de personas más vulnerables, y precisamente por ello han sido convertidos en chivos expiatorios de las estrategias impúdicas de las fuerzas políticas reaccionarias en todo el mundo, no hay nadie más indefenso que un menor extranjero no acompañado. Por este motivo, existen tratados jurídicos internacionales de obligado cumplimiento, junto a leyes nacionales vigorosas que velan por la integridad de estos niños y niñas en el mundo y también en nuestro país, defendiendo ese principio tan manoseado como es el supremo interés del menor.

España es uno de los países occidentales que en mayor medida vive en primera persona el problema de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas que llegan a través de migraciones tremendamente penosas, especialmente mediante pateras y cayucos, en travesías infernales, fundamentalmente desde países africanos hasta las costas de las islas canarias como primer punto de llegada a Europa, desde el norte de África hasta las costas mediterráneas y también hacia las ciudades de Ceuta y Melilla, fronterizas con Marruecos.