La realidad de las personas migrantes no acompañadas

Si hay un colectivo que desde hace tiempo viene focalizando los odios y las mentiras xenófobas de la extrema derecha es el de las personas menores extranjeras no acompañadas. Son tantas las campañas organizadas que se vienen difundiendo en redes sociales y desde algunos supuestos medios digitales regados con dinero público, convertidos en plataformas de bulos y falsedades, que hemos llegado a habituarnos a un goteo continuo y sistemático de barbaridades. Estas estrategias buscan criminalizar y estigmatizar a un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad, generando un clima constante de rechazo y desprecio hacia estos menores que, en muchos casos, han tenido que arriesgar sus vidas en un viaje desesperado para buscar un futuro que no tenían.

Por supuesto, es necesario analizar las responsabilidades de los gobiernos y progenitores en los países de origen, así como la necesidad de apoyar a sus familias mediante programas que garanticen la cobertura de sus necesidades básicas para que estos menores no tengan que emigrar. También es crucial señalar la connivencia de algunas autoridades africanas en la salida de estos menores hacia Europa y cuestionar la cultura de la emigración, tan arraigada en muchas comunidades, donde niños y niñas son enviados por sus familiares a emprender viajes peligrosos que, con frecuencia, resultan mortales.

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Intransigencia ante la urgencia con menores extranjeros

Una de las derrotas de nuestro tiempo es haber normalizado desde la política la deshumanización de los más débiles, como hace la extrema derecha posdemocrática. Si los inmigrantes son el grupo de personas más vulnerables, y precisamente por ello han sido convertidos en chivos expiatorios de las estrategias impúdicas de las fuerzas políticas reaccionarias en todo el mundo, no hay nadie más indefenso que un menor extranjero no acompañado. Por este motivo, existen tratados jurídicos internacionales de obligado cumplimiento, junto a leyes nacionales vigorosas que velan por la integridad de estos niños y niñas en el mundo y también en nuestro país, defendiendo ese principio tan manoseado como es el supremo interés del menor.

España es uno de los países occidentales que en mayor medida vive en primera persona el problema de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas que llegan a través de migraciones tremendamente penosas, especialmente mediante pateras y cayucos, en travesías infernales, fundamentalmente desde países africanos hasta las costas de las islas canarias como primer punto de llegada a Europa, desde el norte de África hasta las costas mediterráneas y también hacia las ciudades de Ceuta y Melilla, fronterizas con Marruecos.

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Nuevos enfoques sobre los MENA

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A pesar de que los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) son un grupo objeto de una especial protección jurídica y social, con arreglo a lo recogido por los tratados internacionales y la legislación española sobre menores en situación de riesgo, en los últimos meses han venido centrando debates, polémicas e incluso campañas políticas que los han puesto en el disparadero de no pocos mensajes xenófobos. De esta manera confluyen dos corrientes simultáneas que están ayudando muy poco a comprender, intervenir y mejorar los programas de atención sobre este colectivo. Por un lado, aquellos que quieren criminalizar a estos chavales como parte de su programa xenófobo y de odio, pero también, quienes instalados en un discurso tontorrón y políticamente correcto proyectan un buenismo infinito y alejado de la realidad sobre un colectivo que presenta problemáticas específicas de una enorme complejidad que no podemos ignorar.

Empecemos señalando algo sorprendente, que añade todavía más dificultad a la hora de trabajar sobre este colectivo: en España no sabemos con precisión el número de MENA que existen, en la medida en que los datos que ofrecen diferentes instituciones oficiales de la máxima relevancia son muy dispares. Es cierto que hay situaciones específicas que dificultan esa información, pero no es de recibo tanta contradicción entre instituciones públicas en datos tan importantes.

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