Catástrofes de clase

De nuevo la Tierra ha temblado con toda su fuerza, dejando en Marruecos su rastro de daños materiales y un reguero de víctimas que hasta la fecha eleva a cerca de 3.000 los fallecidos y más de 6.000 las personas heridas. La intensidad de este mortífero seísmo, de 6,8 grados en la escala de Richter, ha sido elevada, si bien en el mundo se producen cada año más de un centenar de movimientos sísmicos de magnitud igual o superior que apenas producen daños entre la población, aunque en este caso la cercanía del epicentro con la superficie haya amplificado su capacidad destructiva.

Sin embargo, tanto daño como vemos sobre personas y viviendas, con pueblos y aldeas convertidos en montones de escombros, no tiene que ver exclusivamente con la energía liberada por la dinámica geológica, sino con la combinación de otros factores sociales y políticos que han amplificado su destrucción, multiplicando sus efectos sobre la población más vulnerable de la región afectada.

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En manos de un chantajista

No ha podido elegir peor momento el presidente Pedro Sánchez y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para anunciar su apoyo a la propuesta del rey de Marruecos sobre la autonomía en el Sáhara occidental, basada en aceptar la soberanía marroquí sobre unos territorios ocupados militarmente. Mientras la comunidad internacional mostraba su rechazo unánime a la invasión militar de Rusia sobre Ucrania, el Gobierno español se vio obligado a confirmar lo que el presidente Sánchez había comunicado mediante una carta personal al propio rey de Marruecos. España aceptaba por la fuerza de la ocupación armada, la soberanía sobre unos territorios que, como han reconocido de manera repetida las Naciones Unidas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no son parte de Marruecos al tener la consideración de territorio no autónomo pendiente de descolonización.

Mientras el rey de Marruecos, Mohamed VI, disfrutaba en uno de sus lujosos palacios en el estuario del rio Komo, en Gabón, recibía la carta que le remitió el presidente del Gobierno de España, sintiéndola como una victoria personal histórica. Y sin dudarlo un momento, el propio rey ordenó filtrar a la prensa este documento diplomático, violando (una vez más) las normas básicas que rigen las relaciones entre Estados y obligando al Ejecutivo español a dar explicaciones atropelladas de una decisión incomprensible.

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