La era de la involución democrática ya está en marcha en toda España de la mano de unos acuerdos políticos entre el PP y Vox singulares en su contenido y significado, que blanquean la entrada de la extrema derecha reaccionaria, por la puerta grande, en numerosos gobiernos autonómicos y locales, como ha sucedido en la Comunitat Valenciana y en Elche. Mientras tanto, los máximos dirigentes de Podemos seguían repitiendo, una y otra vez, que lucharían por incluir a Irene Montero en las próximas listas electorales de Sumar, ajenos a la enorme preocupación extendida en muchos sectores por la generalización de gobiernos ultraderechistas, trumpistas y ultracatólicos, cuyos primeros gestos y anuncios dan buena cuenta de lo que se avecina: cuestión de prioridades.

Bien es cierto que, en otros lugares, dirigentes de Podemos han seguido luchando a pie de calle a favor de derechos sociales, como ha reconocido el TSJ de la Comunidad Valenciana, al rechazar la lamentable ordenanza de la vergüenza recurrida con esfuerzo por ese partido y que con empeño aprobó e impulsó el Partido Popular de Luis Barcala en Alicante, bandera y seña de su gobierno de derechas y de una concejala reaccionaria del PP, Julia Llopis, que ahora trabaja activamente al servicio de Vox. En Alicante podemos decir que sabemos lo que significa el gobierno de la ultraderecha porque durante el pasado mandato, una de las concejalas del equipo de gobierno impulsó desde sus áreas de Educación y Acción Social, una de las políticas reaccionarias más dañinas en concejalías fundamentales para la convivencia, con el apoyo del alcalde, Luis Barcala, dejándola hacer y deshacer a su antojo. Empezamos a ver ya las consecuencias de tanto fanatismo y tardaremos tiempo en recomponer los destrozos.