Migraciones que no se detienen

Como ya sucedió en el año 2006, nuevamente las islas Canarias están viviendo un repunte en la llegada de inmigrantes embarcados en cayucos procedentes de países de África occidental, en particular senegaleses. Al igual que ocurrió en aquellas fechas, una vez más se habla de una “crisis de los cayucos”, de la misma forma que se denominó la situación hace diecisiete años, como si fueran movimientos periódicos inevitables impulsados por fuerzas imparables de la naturaleza, pero no es así.

Aquellos que tengan la tentación de hacer un uso político de esta situación, acusando al Gobierno en funciones de izquierda de alimentar esa estupidez interesada que algunos denominan “efecto llamada”, como ha sucedido en tantas ocasiones, deberían mirar lo que está sucediendo en la Italia gobernada por la ultraderechista Giorgia Meloni, desbordada por la llegada de pateras a la isla de Lampedusa, o en la Polonia dirigida por el partido ultraconservador, Ley y Justicia, en su frontera con Bielorrusia o en tantos otros países. La presión migratoria avanza en todo el mundo al compás del caos migratorio que han alimentado los países occidentales en las últimas décadas, algo generalizado que no distingue de gobiernos ni de colores políticos, a pesar de las patrañas que difunde la extrema derecha.

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La inmigración como síntoma

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(Artículo publicado el domingo 5 de abril en el diario Información de Alicante. Ver la versión publicada)

Un Gobierno que pone deliberadamente en riesgo la salud y la vida de las personas por motivos electorales demuestra su irresponsabilidad moral, y con ello, su descomposición política. Y esto es lo que ha hecho el PP coincidiendo con la convocatoria de las próximas elecciones municipales y autonómicas, anunciando que corregía a medias la polémica decisión, adoptada en el año 2012, de dejar a los inmigrantes irregulares sin atención sanitaria y que ha afectado a unas 875.000 personas en toda España. En modo alguno, esta decisión se debe a unos motivos humanitarios que el Gobierno no ha demostrado tener en cuenta a lo largo de los cerca de tres años transcurridos desde que adoptó la decisión, ni se fundamenta en tomar en consideración la repulsa que en España y a nivel internacional ha generado la medida, ni tampoco trata de atender las numerosas peticiones y recomendaciones médicas, científicas y académicas, ni siquiera intenta contener el rechazo generalizado entre la opinión pública hacia una de las decisiones más crueles adoptadas por el Gobierno del PP en estos años de decisiones polémicas y controvertidas. La medida se ha anunciado precipitadamente tras los malos resultados cosechados por los populares en las elecciones andaluzas y los pésimos sondeos que obran en poder de la cúpula del PP de cara a las próximas elecciones, queriendo así dulcificar su pésima imagen y ofrecer un rostro más amable a un electorado que ahora le da la espalda.

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