De los nueve procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes que han tenido lugar en España desde 1985, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, el que acaba de anunciar esta semana el Gobierno de Pedro Sánchez será el más importante, así como uno de los más audaces.
Estamos ante una de las decisiones de mayor calado político tomada por este Gobierno en esta tortuosa legislatura, bien es cierto que empujado por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, apoyada por 900 entidades de un espectro ideológico muy amplio y avalada por cerca de 800.000 firmas, fue presentada para su tramitación y debate ante el Congreso de los Diputados en 2024. La iniciativa, que recibió el respaldo unánime de todos los grupos políticos salvo la ultraderecha de Vox, permanecía dormida desde entonces ante la debilidad política de la mayoría parlamentaria de izquierdas, por lo que finalmente, tras negociaciones directas entre el presidente Pedro Sánchez y líderes de Podemos, se desbloqueó, aunque con otro formato.
La aprobación se hace mediante acuerdo del Consejo de Ministros a través de un procedimiento administrativo urgente del proyecto de real decreto por el que se modifica el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de extranjería. Se trata así de eludir la tramitación parlamentaria de la ILP que, en el momento actual, sería un nuevo elemento de desgaste político para un Gobierno enormemente debilitado, dando a Podemos, uno de los socios de la mayoría de izquierda más conflictivos, una pieza con la que recuperar apoyos y, probablemente, poder recomponer las negociaciones de cara a una posible aprobación de los presupuestos. Más que estabilidad, se consigue continuidad a corto plazo en una legislatura en la que vamos de sobresalto en sobresalto.
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