Desde que comenzó el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza como represalia por los ataques de Hamás del 7 de octubre, hemos asistido a una sucesión de atrocidades que demuestran que el gobierno israelí no tiene límites, ni escrúpulos, ni barreras morales.
No se trata, únicamente, de esa orgía de destrucción, muerte y salvajismo que se está llevando a cabo sobre una población refugiada, confinada, indefensa y en una de las condiciones más extremas que podamos imaginar. A fecha de hoy son más de 35.000 los gazatíes asesinados, de los cuales el 60% son mujeres y niños. Hablamos de esa cadena de atrocidades sin límite que recuerda algunos de los peores episodios de la Segunda Guerra Mundial, dejándonos sin palabras y sin aliento. La palabra barbarie se nos queda corta ante algunas de las muestras de calculado salvajismo a las que estamos asistiendo.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el proyecto europeo ha sido clave para la paz, estabilidad y prosperidad en Europa, hasta el punto de que la incorporación por la que tantos países han peleado representaba el paso a la madurez democrática y un avance en su bienestar. Pero a medida que el número de países miembros de la UE ha ido aumentando y la complejidad de los desafíos internacionales se ha multiplicado, la erosión del acuerdo geopolítico más importante y sofisticado en el mundo se ha hecho cada vez más evidente, avanzando como una lenta y pesada maquinaria en decadencia que es incapaz de alcanzar y dar respuesta al cúmulo de retos que tiene a su alrededor, cada vez más complejos.
Naturalmente que las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 9-J van a ser clave en la manera en que se van a abordar algunos de estos problemas trascendentales, y no son pocos. Cuestiones como la emergencia climática y el paso hacia las energías verdes, el avance de la economía digital y la inteligencia artificial, la estabilidad económica y el cambio de paradigmas productivos, la respuesta a las migraciones forzosas y a los refugiados, la solución a la guerra en Ucrania y la relación con Rusia, la adopción de una política exterior y de defensa común fuera del vasallaje a los Estados Unidos, la relación con China y las potencias emergentes, la degradación medioambiental y la protección del patrimonio natural, la solución a la guerra en Palestina y el diálogo con los países de Oriente Medio, la consolidación de las conquistas sociales y la reducción de las crecientes desigualdades, el avance hacia fiscalidades más justas con la eliminación de “dumping” fiscales, hacer frente a la crisis de vivienda y a los problemas de la turistificación descontrolada y la garantía de derechos y libertades de ciudadanía son algunos de los muchos dilemas que la UE tiene entre manos y cuya respuesta marcará el futuro de países y ciudadanos.
A lo largo de todo el mundo, y también en España, se extiende un clamor a favor de repensar a fondo el modelo turístico de masas. Importantes ciudades turísticas están poniendo freno a la expansión de alquileres turísticos, como ha hecho Nueva York, limitando la apertura de nuevos hoteles para priorizar la calidad de vida de los habitantes en lugar de las ganancias privadas a corto plazo, como ha llevado a cabo Ámsterdam, o incluso aprobando una tasa a cada visitante que permanezca un solo día en su ciudad, como acaba de hacer Venecia.
Pero también en España crece por momentos una ola de malestar y descontento hacia un turismo masificado y descontrolado por el que están apostando numerosas ciudades y comunidades al erosionar la convivencia en los municipios, expulsando a sus vecinos al convertir las viviendas en productos turísticos especulativos, destruyendo el comercio tradicional, dañando lugares queridos y barrios tradicionales, mientras se pone en peligro la sostenibilidad y se destruyen los espacios vitales para vivir.
Esta semana se votó favorablemente en el Congreso de los Diputados una importante Iniciativa Legislativa Popular (ILP), amparada por el artículo 87.3 de la Constitución y avalada por más de 700.000 firmas, junto al respaldo de otras 906 organizaciones sociales, en la que se pide la regularización de cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en España de manera irregular sin contar con permisos de residencia y de trabajo, también conocida como #ILPRegularizacion.
La posibilidad de presentar estas ILP se recogió como un reconocimiento a que los propios ciudadanos puedan impulsar iniciativas legislativas para su debate y aprobación, si así lo aprueban los grupos políticos del parlamento, en un intento de facilitar la participación política en la elaboración de normas ampliamente sentidas y demandadas por la sociedad. Bien es cierto que las exigencias recogidas en la ley orgánica que regula el ejercicio de este derecho son muy estrictas y farragosas, comenzando por la presentación ante la mesa del Congreso por la comisión promotora de un texto articulado y bien desarrollado, precedido de una exposición de motivos, que fundamente la justificación de la ILP, siendo esta mesa la que resuelve inicialmente sobre la admisión de la iniciativa y el plazo para el procedimiento de recogida de firmas, lo que se comunica a la Junta Electoral Central.
Desde hace tiempo, la sociología ha establecido una estrecha correlación entre el compromiso cívico de los ciudadanos, a través de su participación en asociaciones, y el fortalecimiento de los sistemas democráticos, mediante lo que se llama el “capital social”. Uno de los investigadores más destacados en la materia es el sociólogo y politólogo norteamericano Robert Putnam, profesor en la Universidad de Harvard, quien siguiendo la estela que en Europa abrió el sociólogo francés Pierre Bourdieu, estudió las estructuras de relaciones sociales presentes en las organizaciones ciudadanas mediante el establecimiento de redes personales, contactos sociales y conocimientos que permiten mejorar aspectos de la sociedad y aumentar la participación de los individuos en los asuntos públicos.
Para Putnam, las democracias prosperan cuando existe un fuerte capital social mediante un alto grado de compromiso cívico, hasta el punto de que el retroceso que atraviesan algunos sistemas democráticos tendría que ver, también, con el declive en la participación cívica y el creciente desapego con la implicación en el movimiento asociativo. No es casual, por tanto, que los países con sistemas democráticos más sólidos y avanzados sean los que presentan los niveles más elevados de implicación en movimientos asociativos. De ahí la importancia de conocer la evolución de estos indicadores.
Semana tras semana, no dejamos de conocer noticias sobre avances, descubrimientos y aplicaciones innovadoras relacionadas con la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) que nos resultan increíbles, siendo capaces de elaborar de manera autónoma trabajos de generación de textos, con capacidad de comprensión y expresión de lenguaje hablado o producción de imágenes y vídeos a partir de descripciones habladas o escritas verdaderamente espectaculares. Son tantos los avances y mejoras que se anuncian como las preocupaciones y riesgos que empiezan a plantearse, aunque sin que lleguemos a conocer bien sus implicaciones económicas, sociales, políticas y ecológicas en toda su dimensión.
En muy pocos meses, se han puesto en marcha aplicaciones increíbles como la más conocida, ChatGPT, un sistema basado en la Inteligencia Artificial (IA) entrenado para realizar numerosas funciones relacionadas con el lenguaje, la traducción y generación de textos, dando respuesta a todo lo que se solicite. Otras aplicaciones avanzadas son Lensa, que transforma retratos a nuestro gusto con una veracidad increíble; Dalle 2, un nuevo sistema de IA capaz de crear imágenes absolutamente realistas a partir de las indicaciones que se faciliten mediante lenguaje natural; Copy.ai, un redactor autónomo de textos de alta calidad, o Midjourney, un generador de arte creado para explorar nuevas formas de pensamiento a partir de las descripciones de texto realizadas, por señalar algunos ejemplos.
La publicación anual de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), genera todos los años numerosas informaciones relacionadas con la evolución de la pobreza en España y en sus territorios. No es para menos porque es el trabajo estadístico de referencia, basado en criterios armonizados para todos los países de la UE, que permite disponer de series comparativas sobre ingresos, cohesión social y desigualdad sobre personas y hogares en Europa.
Son numerosas las noticias que surgen en coincidencia con la difusión de esta encuesta, si bien, se necesita trabajo, rigor y una cierta tranquilidad para llevar a cabo la explotación y análisis de los datos obtenidos, avanzando en estudios longitudinales que nos ayuden a comprender la evolución, los procesos y las tendencias sobre fenómenos tan complejos como los que recoge esta ECV.
No parece que Vladímir Putin haya conseguido ninguno de los objetivos que se marcó cuando el 23 de febrero de 2022 anunció la invasión de Ucrania por su ejército mediante lo que llamó una simple “operación militar especial”, de unos pocos días, para cambiar al gobierno de “drogadictos y nazis” en Kiev. Pero tampoco se puede afirmar que Volodímir Zelenski haya podido contener el avance del ejército ruso que controla ya una quinta parte del territorio ucraniano tras estos dos años de guerra.
A medida que la ayuda militar de occidente fluía a Ucrania y se multiplicaban las sanciones sobre la economía rusa, se extendía la falsa idea de que se podría ganar en el campo de batalla y llevar a Rusia al colapso, causando a este país un daño tan severo que favoreciera la caída de Putin. La retirada de las columnas de tanques rusos hacia Kiev en los primeros meses y los éxitos posteriores sobre Járkov y Jersón apoyaron la ficción de que una contraofensiva del ejército ucraniano en la pasada primavera, de la mano de las estrategias impulsadas desde el Pentágono mediante simulaciones de ordenador, como recientemente ha desvelado el Washington Post, causarían la derrota de Putin y la expulsión de las tropas rusas del campo de batalla.
El día después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tras analizar la acusación presentada por Sudáfrica, dictaminara que hay evidencias ciertas contra Israel de estar realizando un genocidio en Gaza contra la población palestina, existiendo un peligro real e inminente de causar un daño irreparable a los derechos que protege la “Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio”, los servicios secretos israelíes difundieron a diarios estadounidenses un informe en el que aseguraban que doce trabajadores de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) habrían participado en los ataques de Hamás, del pasado 7 de octubre, en los que 1.200 israelíes murieron y otros 250 fueron capturados como rehenes.
A pesar de que la Corte de La Haya, en una sentencia histórica, obligara a Israel a tomar medidas urgentes e inmediatas para impedir actos genocidas contra los refugiados palestinos por su ejército, deteniendo y castigando cualquier incitación a cometerlos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aclaró de inmediato la respuesta de su gobierno, afirmando: “ni La Haya ni nadie nos va a parar”. Y efectivamente, los bombardeos indiscriminados, los asesinatos contra la población palestina en Gaza, la destrucción y la barbarie han continuado sin miramientos, aumentando el salvajismo y la inhumanidad contra una población indefensa que vive encerrada en campos de refugiados en situaciones extremadamente penosas, al límite de la supervivencia.
Uno de los dispositivos de protección social más importantes desplegados para contener los profundos efectos de la crisis causada por la pandemia de la Covid-19, junto a la extensión del mecanismo de los ERTE, fue la implantación del novedoso Ingreso Mínimo Vital (IMV), de ámbito estatal, que se sumaba al sistema de rentas de inserción autonómicas que con un recorrido muy desigual estaba en marcha. El impresionante aumento del desempleo que con rapidez generó la crisis sanitaria, los elevados niveles de pobreza alcanzados junto a la acusada caída de ingresos básicos en cientos de miles de familias exigía de una respuesta urgente, efectiva y ágil capaz de proporcionar recursos fundamentales para la subsistencia en un momento en el que la economía mundial vivía un “shock” generalizado de una profundidad desconocida.
En la nota del Consejo de Ministros tras su aprobación, en mayo de 2020, se afirmaba que el IMV llegaría a 850.000 hogares en los que vivían 2,3 millones de personas, con especial incidencia sobre menores, posibilitando así, en palabras textuales recogidas en este comunicado, “la práctica erradicación de la pobreza extrema” en España, algo que en su momento parecía excesivamente eufórico y que el tiempo ha demostrado completamente desmedido.
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