La política contemporánea se mueve bajo coordenadas altamente contradictorias que dificultan enormemente su comprensión. Para muchos, existe una notable desconfianza sobre una política que ven lejana y distante de los problemas más urgentes, hasta el punto de que, como reflejan datos recientes del CIS del año 2024, el 42,1 % de la población española afirma tener poco o ningún interés hacia la política, una cifra que se eleva hasta el 46 % en el caso de los jóvenes, cuatro puntos por encima de la media nacional. A su vez, a la luz de los datos del Eurobarómetro, el 30 % de los ciudadanos europeos quieren que sus gobiernos incorporen aportaciones y propuestas surgidas de la población, reclamando un aumento de los procesos de consulta y participación ciudadana.

Lo cierto es que fuera de los procesos electorales en que los partidos reclaman el voto y se dirigen a los ciudadanos, hay serias dificultades para establecer una vinculación continuada con la cosa pública en todos los niveles de las administraciones. Bien es cierto, en honor a la verdad, que las fuerzas de izquierda son siempre más favorables a ello, mientras que los partidos y gobiernos de derecha son mucho más refractarios, llegando a despreciar (cuando no criminalizar) numerosas actividades movilizadoras y de participación ciudadana que se llevan a cabo para impulsar mejoras y cambios políticos. Ahí tenemos a profesores y otros colectivos movilizados en numerosas regiones para exigir algo tan sencillo como es reunirse con los responsables públicos, sin dejar en comunidades como la de Madrid de ser apaleados por la policía y soportar todo tipo de insultos, desprecios y descalificaciones por su presidenta madrileña, por poner uno de los muchos ejemplos que podemos señalar. Hasta el punto de que es muy habitual que desde los gobiernos del PP se reproche a colectivos y asociaciones que se quieran meter en política, como si lo consideraran un espacio vedado y exclusivo para ellos y los suyos.