Derecho a la alimentación

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Mucho se ha insistido en destacar cómo, cuando nuestra economía afronta una situación de shock, el empleo sufre de manera muy profunda sus efectos en forma de despidos, cierres de empresas, aumento del desempleo y procesos de regulación de empleo como demostración de la extrema precariedad del mercado de trabajo. Es algo que hemos observado en crisis económicas anteriores, que vimos con particular crudeza a lo largo de los años de la Gran Recesión, en la pasada década, y que vemos ahora también repetirse, aunque de manera mucho más atenuada por el efecto amortiguador que están teniendo los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) puestos en marcha por este gobierno.

Sin embargo, muy poco se ha hablado de otro efecto no menos visible y dramáticoque se desencadena automáticamente en nuestra sociedad cuando atraviesa una situación de crisis como la que ahora se ha desatado por el efecto del coronavirus. Hablamos de los cientos de miles de personas que, en ciudades y municipios, salen a la calle para acudir a organizaciones solidarias y caritativas en busca de alimentos con los que poder comer. Es algo habitual desde hace décadas, atendido por la caridad institucionalizada, comedores sociales, bancos de alimentos y numerosas redes espontáneas de solidaridad. Adquirió especial crudeza a lo largo de los años de dura crisis financiera vivida en España a partir de 2008, pero que hemos visto renacer con inusitada fuerza desde el inicio del estado de alarma, a raíz de la extensión de la pandemia del covid-19.

No hay duda del importante papel que estas entidades sociales y ciudadanas que trabajan para alimentar y dar comida a un volumen tan importante de personas vienenllevando a cabo. Sin embargo, en muchos casos se han convertido en los diques de contención de un sistema social incapaz de dar respuesta a una necesidad fundamental de las personas, sustituyendo así los derechos por caridad. Y es que el derecho a la alimentación desborda el problema del acceso a alimentos, para extenderse a situaciones que afectan a la salud, la soberanía alimentaria del conjunto de la población, así como el acceso y la distribución de comida, sin olvidar la producción agropecuaria y el medio ambiente.

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Emergencia alimentaria. Grecia, Portugal, España.

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La Red RIOS (Red de Investigación y Observatorio para la Solidaridad), de la que formo parte, acaba de publicar en la editorial Icaria de Barcelona el libro “Emergencia alimentaria. Grecia, Portugal y España“, una investigación dirigida por el sociólogo José Ramón González Parada de la que dimos un avance en este Blog (Insolvencia alimentaria, pobreza y políticas de ajuste en el Sur de Europa: el caso de España). El estudio es de la máxima vigencia y originalidad, al analizar como con la crisis sistémica el hambre ha reaparecido con fuerza en Europa, rompiendo moldes de pensamiento y obligando a improvisar acciones, a menudo sin una comprensión clara de sus implicaciones. Para ello, se analiza el impacto de la emergencia alimentara en tres países clave del Sur de Europa en los que las políticas austericidas de la Troika y de sus respectivos gobiernos están generando más víctimas. Junto a las cifras de pobreza y hambre, se analizan las relaciones entre los sistemas de abastecimiento y reparto de comida, y el modelo de producción de alimentos basado en ela dependencia de multinacionales agroalimentarias, en la conversión de la alimentación en negocio especulativo y en la supeditación sin condiciones a la Política Agraria Comunitaria (PAC).

Pero tan alarmante como el avance de la pobreza es el auge de la miseria moral de la que hacen gala sus dirigentes políticos y económicos. En ausencia de una política económica, orientada a la vida de las personas de carne y hueso, son las organizaciones filantrópicas y las redes de solidaridad las que asumen la distribución de alimentos, pero en la defensa del derecho a la alimentación y en la estrategia de soberanía alimentaria arranca la diferencia entre el asistencialismo filantrópico y la justicia social.

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