Mucho se ha insistido en destacar cómo, cuando nuestra economía afronta una situación de shock, el empleo sufre de manera muy profunda sus efectos en forma de despidos, cierres de empresas, aumento del desempleo y procesos de regulación de empleo como demostración de la extrema precariedad del mercado de trabajo. Es algo que hemos observado en crisis económicas anteriores, que vimos con particular crudeza a lo largo de los años de la Gran Recesión, en la pasada década, y que vemos ahora también repetirse, aunque de manera mucho más atenuada por el efecto amortiguador que están teniendo los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) puestos en marcha por este gobierno.
Sin embargo, muy poco se ha hablado de otro efecto no menos visible y dramáticoque se desencadena automáticamente en nuestra sociedad cuando atraviesa una situación de crisis como la que ahora se ha desatado por el efecto del coronavirus. Hablamos de los cientos de miles de personas que, en ciudades y municipios, salen a la calle para acudir a organizaciones solidarias y caritativas en busca de alimentos con los que poder comer. Es algo habitual desde hace décadas, atendido por la caridad institucionalizada, comedores sociales, bancos de alimentos y numerosas redes espontáneas de solidaridad. Adquirió especial crudeza a lo largo de los años de dura crisis financiera vivida en España a partir de 2008, pero que hemos visto renacer con inusitada fuerza desde el inicio del estado de alarma, a raíz de la extensión de la pandemia del covid-19.
No hay duda del importante papel que estas entidades sociales y ciudadanas que trabajan para alimentar y dar comida a un volumen tan importante de personas vienenllevando a cabo. Sin embargo, en muchos casos se han convertido en los diques de contención de un sistema social incapaz de dar respuesta a una necesidad fundamental de las personas, sustituyendo así los derechos por caridad. Y es que el derecho a la alimentación desborda el problema del acceso a alimentos, para extenderse a situaciones que afectan a la salud, la soberanía alimentaria del conjunto de la población, así como el acceso y la distribución de comida, sin olvidar la producción agropecuaria y el medio ambiente.
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