Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en crisis

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Transcurrida una tercera parte del período de vigencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y bajo el impacto mundial de la pandemia de Covid-19, surgen numerosas voces críticas sobre la marcha y viabilidad de esta Agenda 2030, que aumentan al conocerse sus problemas metodológicos y de medición. Sin embargo, no dejan de escucharse discursos, de contemplarse anuncios o verse campañas en las que se siguen trasladando mensajes vacíos y alejados de la complejidad y desafíos a los que se enfrenta un acuerdo mundial de esta naturaleza.

Hasta la fecha, ha habido más propaganda que progresos, especialmente en el terreno político, donde se están produciendo de hecho significativos retrocesos. Es cierto que en torno a esta Agenda 2030 se ha desplegado un interesante proceso de investigación científica internacional que está sirviendo para profundizar en los limites y contradicciones de un proceso global tan complejo, pero importantes decisiones adoptadas por gobernantes en países muy relevantes han puesto patas arriba elementos sustantivos que imposibilitan su avance en áreas clave.

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Una ordenanza condenada al fracaso

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La ordenanza contra la mendicidad del equipo de Gobierno municipal del PP y Ciudadanos en Alicante, bajo la exigencia de Vox, está condenada irremediablemente al fracaso. Repito, sentenciada absolutamente al mayor de los fracasos. Y no porque sea el mismo texto vergonzoso que hace un año se retiró contando con el informe negativo de la Concejalía de Igualdad y, lo que es más importante, con el absoluto rechazo de la oposición municipal, de organizaciones sociales, instituciones y especialistas. Ni siquiera, aunque en posteriores trámites se lleguen a incorporar las alegaciones puramente maquilladoras que ha anunciado Ciudadanos, para salvar la cara ante un reglamento que les incomoda, de espaldas a la realidad que viven las personas vulnerables en las calles de la ciudad. Y tampoco por añadir más o menos propuestas del Reglamento que la FEMP tiene sobre la misma materia, como se afirma.

La razón de la inviabilidad de esta ordenanza se debe a algo mucho más comprensible y, al mismo tiempo, incuestionable como es el proceso de descomposición al que ha llevado el Partido Popular a las políticas sociales en esta ciudad, reducidas a la mínima expresión, debilitadas al máximo y al borde de un permanente colapso. En Alicante, los Servicios Sociales municipales son incapaces de dar respuestas ágiles y efectivas a las demandas básicas de muchos de sus ciudadanos en situación de extrema pobreza, con listas de espera interminables, con equipos sociales desmotivados que en muchos centros sociales apenas son capaces de atender los numerosos casos urgentes que llegan a diario.

Por si todo ello fuera poco, las políticas sociales municipales en Alicante son incapaces de comprender e intervenir sobre las numerosas situaciones de pobreza estructural que avanzan rápidamente en la ciudad con la pandemia, sin impulsar elementos de renovación ante nuevos problemas de enorme complejidad que están apareciendo con fuerza, generando más pobreza, más desigualdad y más exclusión social. ¿Qué tranquilidad pueden tener las personas que sufren en Alicante cuando la concejala responsable del área declara, ufana y satisfecha: “Acción Social garantiza el servicio”, como un gran logro, tal y como recogió hace pocos días este diario?

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¿Por qué hay tantas diferencias en la vacunación?

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Europa vuelve a convertirse en foco de preocupación por el repunte de la pandemia de covid-19, con el registro de un importante crecimiento de casos en numerosos países y la vuelta a decisiones sanitarias duras que se creían ya superadas, al aumentar las hospitalizaciones y fallecidos. Al mismo tiempo, diferentes gobiernos europeos están adoptando medidas muy estrictas contra aquellas personas que no han querido vacunarse, especialmente trabajadores sanitarios y de la administración pública, llegando incluso a plantearse el expulsarles de sus trabajos si finalmente no acceden a inmunizarse, avanzando la exigencia del pasaporte de vacunación para el acceso a espacios públicos.

Y en medio de este escenario preocupante, nos preguntamos, ¿por qué hay tantas diferencias en las tasas de vacunación entre unos países y otros? ¿Qué razones han llevado a que España sea el país europeo con tasas más altas de vacunación contra el covid-19 en su población? ¿Por qué una mayoría de ciudadanos del este de Europa no se quieren vacunar y presentan cifras tan sombrías de incidencia de la pandemia? Son preguntas sumamente interesantes que necesitan, sin duda, del concurso de diferentes disciplinas para su comprensión, pero que se pueden tratar de responder desde una perspectiva sociológica y de las ciencias sociales.

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Entre el miedo y la incertidumbre

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Hace pocos días, un compañero de la universidad me confesaba que no sabía si jubilarse porque veía muchas incertidumbres sobre el futuro. Y daba en el clavo, porque a la hora de tomar decisiones, de gestionar nuestra vida, la incertidumbre ante el mañana, el miedo a lo que pueda suceder y el temor a lo imprevisto son emociones fundamentales que explican, en buena medida, nuestras decisiones y comportamientos, pero también nuestros miedos y zozobras, que no son pocos. Y es que un porcentaje muy alto de la población mundial vive soportando riesgos inminentes cada vez mayores, ante los cuales no hay respuestas.

Efectivamente, la ansiedad y la angustia ante las dificultades para gestionar lo que pueda suceder por la falta de certezas sobre el futuro llenan las consultas de psicólogos, en mayor medida en tiempos como los actuales, en los que solo tenemos como seguridad un presente repleto de preocupaciones. Así el mañana, el futuro, nos aparece como algo borroso, repleto de variables cada vez más incomprensibles, que se escapan de nuestro alcance y a veces hasta de nuestra comprensión, pero que se multiplican de manera exponencial.

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Trabajar contra la pobreza infantil

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Son habituales los casos de menores que tienen problemas de alimentación porque sus comidas básicas son las que hacen en el colegio cuando acuden a clase, los que no pueden comprar material escolar para su educación, los que pasan frío, los que no pueden acceder a tratamientos médicos, dentales u oftalmológicos por carecer de recursos. Por si fuera poco, la pandemia y los confinamientos han sacado a la luz los hogares que no disponen de condiciones para que muchos niños y niñas estudien, al no disponer de equipos informáticos o de una adecuada conexión a internet, representando también un factor que daña su educación. La pobreza infantil existe entre nosotros y tiene múltiples formas, que con el tiempo pueden traducirse en marginación, violencias o en una pobreza cronificada de la que nunca se saldrá.

Por vez primera en la historia, desde la Unión Europea y a través de sus estados miembros como España, se está trabajando de manera acompasada en una estrategia continental contra la pobreza infantil y a favor de los derechos de la infancia, una de esas noticias que pasan desapercibidas entre la maraña de disputas políticas estériles habituales. El dato tiene una enorme trascendencia a la hora de avanzar hacia sociedades más equilibradas, al reducir importantes espacios de pobreza y desigualdad en el futuro, en la medida en que se rompe la transmisión intergeneracional de desventajas, con efectos profundos a largo plazo.

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Brecha digital que empobrece

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Son muchos los estudios e investigaciones que se están llevando a cabo para determinar la huella que la pandemia ha generado en nuestra sociedad en términos de pobreza, exclusión y desigualdad. Se trata de conocer las consecuencias desencadenadas sobre las condiciones de vida de la población que, con mayor crudeza, ha sufrido estos meses tan duros, saber cómo ha afectado a la vida de personas y familias, evitando que haya sectores que se queden excluidos, marginados y apartados de la ansiada recuperación económica y social.

Entre los muchos datos que investigadores y centros de estudios manejamos, destaca con fuerza un elemento que en esta pandemia ha jugado un papel clave sobre la población más vulnerable en su acceso a ayudas y dispositivos sociales, e incluso por su papel fundamental para la inclusión social y la educación de sectores tan importantes como los niños, niñas y adolescentes (NNA). Nos referimos a la profunda brecha digital que se está abriendo en numerosos hogares y grupos de personas, particularmente los más pobres y vulnerables, convirtiéndose con rapidez en un factor de exclusión añadido de primer orden.

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Economía digital y desigualdad

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En todo el mundo avanza la llamada economía digital, impulsada por el máximo aprovechamiento de los avances tecnológicos y en las telecomunicaciones para afianzar la conformación de nuevos monopolios digitales de dimensiones globales, dotados de un poder inusitado. De la misma forma que el carbón impulsó la revolución industrial en Europa durante el siglo XIX, la digitalización y las tecnologías de la información están propulsando la economía y la sociedad global en el siglo XXI con características novedosas, marcadas por el poder absoluto de un reducido grupo de nuevas megacorporaciones, capaces de intervenir sobre todas las esferas de nuestras vidas, poniendo el planeta y las bases materiales de la vida humana a su servicio.

Las históricas dinámicas de acumulación económica están pasando del capital productivo al capital algorítmico, obtenido a través de la acumulación ingente de información manejada por grandes corporaciones tecnológicas especializadas, que utilizan para obtener gigantescas plusvalías mediante un cambio histórico en las reglas de juego. Ya sea a través de comercios de venta electrónica, mediante la utilización de plataformas digitales de entretenimiento, el uso de redes sociales, el alquiler de vehículos, el acceso a nuestros servicios de banca electrónica, el empleo de nuestro teléfono móvil o de buscadores de internet, estamos continuamente ofreciendo información personal a través de miles de millones de datos, unas veces de manera consciente y otras muchas sin tener conocimiento de ello. Esta cantidad fabulosa de datos se acumulan en empresas tecnológicas especializadas para su uso, su venta y explotación,

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Más pateras y más inmigrantes

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Nuevamente, comprobamos que la llegada de pateras hasta las costas del Mediterráneo procedentes del litoral argelino, como vemos en Alicante, se sucede a lo largo de todos los meses. Efectivamente, las pateras que llegan hasta nuestras costas han pasado de ser estacionales y concentrarse en la temporada de verano, como sucedía hace unos años, a ser permanentes y recibirse en un goteo continuado. Y es que la ruta migratoria desde Argelia hacia el litoral Mediterráneo, y particularmente hasta Alicante, ha pasado a convertirse en uno de los itinerarios clandestinos utilizados por los traficantes de personas desde el norte de África hasta Europa, algo que no se acaba de comprender bien por parte de instituciones y responsables públicos.

No hay duda de que, con los años, han mejorado extraordinariamente las capacidades y dispositivos de detección, salvamento y acogida de migrantes que vienen en patera hasta nuestras costas por parte de diferentes áreas, servicios y profesionales. Es algo muy importante, no solo desde el punto de vista policial y de la seguridad, sino especialmente para salvar vidas y dar la adecuada acogida inicial a quienes realizan una travesía clandestina dura y peligrosa, en la que arriesgan sus vidas, como con demasiada frecuencia comprobamos en numerosos naufragios con víctimas. De hecho, en el proyecto “Missing Migrants”, de seguimiento de inmigrantes muertos a lo largo de sus desplazamientos por el mundo, desplegado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM), se contabilizan 81 personas fallecidas en la ruta desde Argelia hasta las costas españolas del Mediterráneo.

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Extractivismo eléctrico castizo

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Cuando en el año 2012 se formuló la famosa “teoría de las élites extractivas”, que se convirtió rápidamente en una de las hipótesis académicas de moda para explicar el fracaso de los países, nunca imaginarían sus autores que diez años después sus tesis tomarían cuerpo en la España democrática del siglo XXI, de la mano de una oligarquía económica que lucha, con uñas y dientes, por mantener sus privilegios franquistas en las compañías eléctricas. Aunque bien es cierto que aquí, esa definición sobre este sector debería llamarse “extractivismo eléctrico castizo”, para darle mayor precisión conceptual y también para definir algunos rasgos de la chulería macarra con los que actúa.

            Daron Acemoglu, profesor de Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y James A. Robinson, profesor también de Economía en la Universidad de Harvard, trataron de conocer las razones por las que unos países prosperan y otros no lo hacen, a pesar de tener condiciones similares. Para ello, analizaron a conciencia variables de distinta naturaleza que iban más allá de las habituales, llegando a la conclusión de que son el buen funcionamiento de las instituciones y la naturaleza de sus élites las que hacen prosperar las naciones. Según estos investigadores, cuando las élites de un estado se dedican a la pura acumulación de capital, por encima del bien común, mediante la extracción de recursos a los ciudadanos, los países fracasan sometidos por instituciones modeladas al servicio de grupos minoritarios que buscan mantener sus privilegios.

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Otra nueva crisis de refugiados en el peor momento

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En las últimas semanas, un buen número de los 705 diputados y sus asistentes que recorren el edificio del Parlamento europeo en la rue Wiertz, en Bruselas, comparten en los corrillos su preocupación por la situación en Afganistán y el temor a que estalle otra nueva crisis de refugiados en el peor momento posible para la UE. Sería mucho peor que cuando en 2015 se desató el mayor éxodo de refugiados hacia Europa desde la Segunda Guerra Mundial a través del Mediterráneo, en coincidencia con la guerra en Siria.

La pésima gestión que la UE y los países europeos han hecho a lo largo de estos años en su política migratoria y de asilo, el ascenso de las ideas de rechazo a los inmigrantes en el conjunto de Europa, los continuos desafíos autoritarios y contra las políticas de la Unión que especialmente desde Hungría y Polonia se vienen protagonizando, junto a la mala experiencia aportada por el carísimo acuerdo con Turquía para la gestión de los flujos de refugiados en sus fronteras han abierto importantes brechas en la política comunitaria que hacen imposible llegar a acuerdos básicos en estas materias.

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