La muerte de 15 inmigrantes en aguas de Ceuta asediados por fuerzas de la Guardia Civil mientras eran disparados con balas y pelotas de goma, así como las justificaciones que el Gobierno y su ministro del Interior han dado ante esta atrocidad, ha llenado de indignación a amplios sectores de la sociedad española que desde hace años han demostrado ser mucho más solidarios y acogedores que buena parte de sus responsables políticos.

Pero no es casual que el Gobierno del PP, en estos precisos momentos, trate de colocar la inmigración como un problema inexistente entre la sociedad, precisamente cuando las encuestas y barómetros evidencian un cierto hartazgo de la ciudadanía hacia sus políticas de recortes salvajes y su complicidad con la corrupción. Al mismo tiempo, su actitud ante sucesos similares, muestra la falta de escrúpulos con que viene actuando ante la cuestión migratoria.

La responsabilidad del PP sobre la muerte de inmigrantes en Ceuta no debe interpretarse como una suma de torpezas y despropósitos que vulneran principios humanitarios y jurídicos esenciales, ni mucho menos. Lo que estamos viendo y escuchando día tras día es el fruto deliberado de una política calculadamente racista y xenófoba del PP, que desde hace tiempo viene desplegando actuaciones y un discurso cuasi criminal hacia la inmigración. Y esto hay que decirlo así, de forma muy clara, porque lejos de aprender sobre los errores y barbaridades que a lo largo de los años han venido amparando en esta materia en todos sus niveles políticos e institucionales, utiliza la inmigración y a los inmigrantes pobres como un instrumento electoral que le sirve para desviar la atención de la sociedad sobre otros temas que no quiere que sean centros de atención, al tiempo que lo utiliza para su beneficio electoral y partidista, afianzándose entre el electorado más rancio de la derecha española en momentos en los que ve amenazado este caladero de votos y quiere alinearse políticamente con la emergente derecha xenófoba europea.

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